La Fiscalía General de la Nación ocupó este 17 de julio bienes del reconocido cantante Charlie Zaa por un valor superior a los 45.000 millones de pesos, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el paramilitarismo y lavado de activos. Los inmuebles, entre los que se encuentran el centro comercial El Oasis, el hotel boutique Monasterio Resort y una discoteca en Girardot, así como otro establecimiento nocturno en Ibagué, serán administrados por la jurisdicción de Justicia y Paz, y no por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según lo ordenó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que tramitó la ocupación.
La investigación que condujo a esta medida se originó en el tribunal transicional durante 2024, cuando exparamilitares declararon que Charlie Zaa visitó en prisión a Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien fungió como jefe del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según esos testimonios, el cantante habría acudido a la cárcel para entregarle cuentas de los negocios que manejaban juntos. La Fiscalía sostiene que estos bienes, aunque figuran a nombre de terceros, en realidad pertenecían a alias Daniel, quien recurrió a testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero y eludir la reparación a las víctimas.
Un proceso en el marco de la justicia transicional
La ocupación se sustenta en la Ley 975 de 2005, modificada por las Leyes 1592 de 2012 y 1849 de 2017, que establece un régimen especial para los bienes de los postulados a Justicia y Paz. A diferencia del trámite ordinario de extinción de dominio que administra la SAE, estos recursos pasan directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas, bajo la gestión de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y los tribunales superiores. Nicolás Mayorga, docente jurídico, explicó que cuando un bien proviene de la confesión de un postulado o es identificado por la Fiscalía dentro de ese proceso, la ley ordena que no se quede en el trámite ordinario, sino que se ponga a disposición del fondo reparador.
«Cuando un bien viene de la confesión de un postulado de Justicia y Paz, o fue identificado por la Fiscalía dentro de ese proceso especial, la Ley 975 de 2005 ordena que ese bien no se quede en el trámite ordinario que administra la SAE, sino que será puesto a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas»
Nicolás Mayorga, docente jurídico, en diálogo con Infobae Colombia
Este proceso se enmarca en la justicia transicional creada tras el acuerdo de paz entre el Estado y las AUC, que entre 2004 y 2006 logró la desmovilización de 36 estructuras armadas y 30.944 personas. Los postulados a Justicia y Paz deben confesar sus delitos, aportar verdad y entregar todos los bienes adquiridos ilícitamente para reparar a las víctimas, a cambio de penas alternativas reducidas. La entrega de esos bienes es un requisito permanente que no prescribe, y la Fiscalía ha advertido que Charlie Zaa será investigado por su presunta vinculación en estos hechos. Los 45.000 millones de pesos en propiedades ocupadas constituyen un paso concreto hacia la reparación de las miles de víctimas del paramilitarismo en la región del Tolima y el centro del país.
