Un juez ordenó la suspensión provisional del proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) valorado en más de 78.000 millones de pesos, tras admitir una acción de tutela interpuesta por un escolta afectado por presuntas irregularidades en la convocatoria. La medida, confirmada el 18 de julio de 2026, impide a la UNP adjudicar el contrato mientras se analiza el fondo del caso, en el que se alega la vulneración de derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, el mínimo vital, la dignidad humana y el debido proceso administrativo.
El proceso suspendido corresponde al PSA-UNP-054-2026, publicado en junio de 2026 con un aviso inicial que contemplaba diez zonas de cobertura para la tercerización de escoltas. Sin embargo, la convocatoria fue restringida a las zonas 1 y 2, sin que la UNP explicara públicamente los criterios técnicos, jurídicos, financieros o presupuestales que justificaran esa decisión. Esta restricción afecta directamente a aproximadamente 3.500 escoltas adscritos a esas zonas, quienes quedaron en la incertidumbre laboral. El presupuesto oficial para las diez zonas originales superaba los 825.000 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud del proceso.
Los antecedentes de la contratación
La UNP ha implementado desde 2023 un esquema de licitaciones por zonas para tercerizar la seguridad de sus protegidos. En 2023, el proceso PSA-UNP-118-2023 adjudicó 14 de las 15 zonas previstas, abarcando a unos 16.000 escoltas. Posteriormente, los procesos PSA-UNP-087-2025 y PSA-UNP-040-2026 ajustaron la distribución de zonas, hasta llegar al actual PSA-UNP-054-2026, que inicialmente abarcaba diez zonas pero terminó limitándose a dos. El presidente electo Abelardo de la Espriella había alertado públicamente sobre las irregularidades del proceso antes de la suspensión judicial.
Los argumentos de la tutela
El escolta accionante, adscrito al programa de protección de la UNP, radicó la tutela solicitando que la entidad exponga y acredite los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que sustentan la convocatoria exclusiva de las zonas 1 y 2. El accionante enfatizó que su recurso no busca impedir la contratación pública ni reclamar una permanencia indefinida en el cargo, sino que cualquier diferencia de trato entre los escoltas esté respaldada por criterios objetivos, razonables y verificables. El juez, al admitir la tutela, consideró que existían elementos suficientes para ordenar la suspensión provisional mientras se examina el fondo del asunto.
La decisión judicial tiene un impacto directo en la continuidad laboral de los escoltas de las zonas 1 y 2, quienes esperan que se garantice la igualdad y transparencia en la contratación. La suspensión, además, pone en pausa un proceso que compromete recursos públicos millonarios y que ha generado controversia por la falta de claridad en los criterios de selección. La UNP deberá ahora responder ante el juez y demostrar que su proceder se ajusta a la legalidad, mientras los escoltas afectados y la opinión pública esperan una resolución que proteja tanto los derechos de los trabajadores como la eficiencia del servicio de protección.
