La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó de manera contundente los actos de estigmatización contra los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones ante el tribunal de justicia transicional, al tiempo que solicitó garantías de protección para asegurar el esclarecimiento histórico de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano. La reacción de la JEP se produjo luego de las críticas formuladas por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha manifestado su intención de acabar con este organismo creado en el marco del acuerdo de paz con las Farc. A través de una declaración institucional liderada por el magistrado presidente Alejandro Ramelli Arteaga, la JEP también envió una comunicación formal al presidente electo y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, proponiendo una reunión de carácter institucional para fortalecer el diálogo interinstitucional y presentar los resultados de la justicia restaurativa.
La controversia se desató después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella afirmara públicamente su deseo de eliminar la JEP, lo que el tribunal consideró una amenaza directa al proceso de esclarecimiento histórico y a la justicia transicional. En su declaración, la JEP subrayó que “estos señalamientos silencian aportes esenciales para esclarecer lo ocurrido, avanzar en la rendición de cuentas y contribuir a reparar los daños causados”. Asimismo, el tribunal enfatizó que “quienes se han sometido a la Jurisdicción y vienen cumpliendo sus obligaciones deben poder seguir haciéndolo sin miedo y con garantías”. La protección de los comparecientes es considerada un imperativo nacional y una responsabilidad internacional del Estado colombiano, por lo que la JEP instó a las autoridades competentes a adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos y garantizar la continuidad de los procesos judiciales y restaurativos.
Diálogo institucional y agenda urgente
En la carta enviada al presidente electo, la JEP expresó “sinceras felicitaciones por su elección para ocupar las más altas dignidades del Estado colombiano” y auguró éxitos en su gestión. Sin embargo, el tono de la comunicación dejó claro que la prioridad es articular acciones conjuntas para abordar los retos en justicia transicional, reparación de víctimas, verdad histórica y cumplimiento de fallos judiciales. Entre los temas urgentes que la JEP propuso discutir con el nuevo gobierno se encuentran la financiación de sentencias relacionadas con los 21.000 secuestros atribuidos al último Secretariado de las Farc, así como la investigación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cesar. La JEP también hizo un llamado a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional para que “protejan los avances alcanzados y preserven las condiciones necesarias para impedir que la violencia se vuelva a convertir en una barrera de acceso a la justicia”.
“A la sociedad colombiana y a la comunidad internacional las convoca a proteger los avances alcanzados y a preservar las condiciones necesarias para impedir que la violencia se vuelva a convertir en una barrera de acceso a la justicia”.
JEP, declaración institucional
La JEP, con sede en Bogotá, busca con este pronunciamiento no solo defender su existencia, sino también garantizar que los procesos de verdad y reparación no se interrumpan. Mientras tanto, el presidente electo Abelardo de la Espriella no ha respondido oficialmente a la invitación de diálogo, aunque sus declaraciones previas dejan entrever una postura crítica frente al acuerdo de paz con las Farc. La incertidumbre sobre el futuro de la JEP y de la justicia transicional en Colombia se mantiene, en medio de un escenario político que exige equilibrio entre la rendición de cuentas y la construcción de paz duradera.
