Dos nuevos asesinatos de líderes sociales enlutan a Colombia. Jader Durango, comunicador y locutor comunitario miembro del colectivo Casup, y Juan Carlos Vargas Mosquera, funcionario de la Fiscalía General de la Nación y miembro del sindicato Asonal Judicial S.I., fueron asesinados en hechos ocurridos en Tierralta (Córdoba) y Palmira (Valle del Cauca), respectivamente. Con estas muertes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta que la cifra de defensores de derechos humanos asesinados en el país durante 2026 asciende a 82.
El cuerpo de Jader Durango fue hallado el pasado 18 de julio en la vía que conecta el sector La Sierpe con la vereda Murmullo, en la zona rural de Tierralta. La víctima presentaba múltiples heridas que le causaron la muerte. Durango, quien dedicó gran parte de su vida a la formación de jóvenes en locución e impulsó iniciativas comunitarias en el corregimiento de Batata, se desempeñaba como locutor y era reconocido por su labor en el colectivo de comunicación Casup. Por su parte, Juan Carlos Vargas Mosquera fue atacado la noche del 16 de julio en la carrera 32 con calle 33 de Palmira. Hombres armados lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Vargas era funcionario de la Fiscalía y miembro activo de Asonal Judicial S.I., organización sindical que agremia a trabajadores de la rama judicial.
Contexto de riesgo y grupos armados
Ambos crímenes ocurren en territorios donde la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas por el riesgo que enfrentan los líderes sociales. Tierralta, municipio cordobés con riqueza ambiental y minera ubicado cerca del Nudo de Paramillo, está señalado en la Alerta Temprana 054/19 debido a las disputas entre grupos armados ilegales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, y Los Caparros, entre otras estructuras. La jurisdicción de esta zona corresponde a la Primera División del Ejército. En Palmira, la Alerta Temprana 010/24 y su informe de seguimiento 025/24 ya advertían sobre el control territorial que ejerce el Frente Adán Izquierdo, perteneciente al Bloque Central del EMC, en disputa con el Frente 57 Yair Bermúdez y bandas locales. Estas dinámicas han generado amenazas, reclutamiento forzado, desplazamientos y homicidios selectivos. La responsabilidad militar en el Valle del Cauca recae en la Tercera División del Ejército.
La persistencia de la violencia contra líderes sociales en Colombia continúa siendo un grave problema estructural. Mientras organizaciones como Indepaz monitorean y denuncian cada asesinato, las comunidades exigen acciones efectivas de protección por parte del Estado. Los casos de Durango y Vargas reflejan cómo el liderazgo comunitario y la defensa de los derechos humanos siguen siendo actividades de alto riesgo en amplias regiones del país.
