En un hecho sin precedentes durante la conmemoración del 20 de julio, la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se retiró de la tarima principal antes de que el presidente Gustavo Petro pronunciara su discurso central, en un gesto que el mandatario explicó como parte de un acuerdo previo para evitar que la fuerza pública fuera arrastrada a un acto con contenido político. La decisión, que generó todo tipo de reacciones, se materializó en la avenida Villavicencio, desde el centro comercial El Ensueño, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde por primera vez se realizó el desfile militar y policial por el Día de la Independencia. Los altos mandos, encabezados por el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Quinta División del Ejército y encargado del acto inaugural, abandonaron sus puestos una vez concluyó el desfile, dejando vacías las sillas reservadas durante la alocución presidencial.
El presidente Petro, en una serie de publicaciones en su cuenta de la red social X, justificó la medida apelando al artículo 219 de la Constitución colombiana, que establece que la fuerza pública no es deliberante y prohíbe a sus miembros activos participar en política, incluso votar, hasta que se retiren del servicio. «Lo acordé con la cúpula porque la fuerza pública no debe participar en política», escribió el mandatario, añadiendo en un segundo mensaje: «No voy a meter a la fuerza pública en un discurso que delibera políticamente. Eso sería una estupidez y una irracionalidad de parte mía». La aclaración buscó disipar dudas sobre si se trataba de un desplante o de una ruptura entre el Gobierno y los altos mandos castrenses, que habían sido condecorados con la Medalla de Boyacá momentos antes del desfile.
Una celebración de 216 años con récord de participación
La jornada del 20 de julio, que conmemora los 216 años del Grito de Independencia de Colombia, movilizó a 6.257 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en uno de los desfiles más grandes de los últimos años. De ese total, 1.543 marinos de la Armada de Colombia desfilaron en bloques históricos, unidades fluviales y un bloque femenino; 1.170 efectivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana hicieron lo propio, incluyendo a los escuadrones Halcones Dorados y Negros; y 1.965 policías de comandos especiales, aviación y unidades caninas recorrieron la avenida. El evento, que tradicionalmente se celebra en el centro de Bogotá, se trasladó este año a Ciudad Bolívar, una localidad del sur de la capital, como parte de una estrategia de acercamiento institucional a sectores populares.
Previo al desfile, el presidente Petro impuso la Medalla de Boyacá a varios generales y almirantes, un reconocimiento que suele anteceder a la parada militar. Sin embargo, el acto central del discurso presidencial quedó marcado por la ausencia de la cúpula, que ya se había retirado siguiendo el acuerdo anunciado por el mandatario. El Ministerio de Defensa Nacional respaldó la decisión mediante un comunicado oficial, subrayando que el retiro se alinea con la normativa constitucional de neutralidad política y evitando cualquier interpretación que distorsione el respeto a la Carta Magna.
«Lo acordé con la cúpula porque la fuerza pública no debe participar en política»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
La jornada del 20 de julio no se limitó al desfile en Ciudad Bolívar. De forma paralela, en el Congreso de la República se instaló el nuevo periodo legislativo, con la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, y la intervención del presidente ante el Legislativo, un acto protocolario que también tuvo lugar horas después. El Ministerio de Defensa, por su parte, invitó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar interpretaciones que distorsionen el respeto a la Constitución. La decisión del retiro de los altos mandos, aunque inédita, se inscribe en una larga tradición de separación entre la fuerza pública y la actividad política, consagrada en el artículo 219 de la Constitución, que excluye temporalmente a los integrantes activos del censo electoral y les impide votar o deliberar en asuntos partidistas.
