En una jornada que marca la última intervención de Gustavo Petro como presidente ante el Congreso, el mandatario abandonó el Salón Elíptico inmediatamente después de pronunciar su discurso de instalación de sesiones para el periodo 2026-2030, evitando deliberadamente escuchar la réplica de los partidos de oposición. La decisión de Petro, que extendió su alocución por espacio de una hora con 48 minutos, generó inmediatos cuestionamientos por parte de congresistas como Julio César Triana, de Cambio Radical, y Andrés Forero, del Centro Democrático, quienes consideraron que el gesto representa un posible incumplimiento del fuero presidencial, a pesar de que la legislación vigente no contempla sanciones específicas para esa conducta. Esta es la tercera ocasión en que el jefe de Estado se retira sin permanecer para oír las respuestas opositoras —ocurrió también en 2024 y 2025—; la única vez que se quedó a escucharlas fue en 2023.
El vacío legal que rodea la situación radica en que ni la Constitución Política colombiana ni el Estatuto de la Oposición, contenido en la Ley 1909 de 2018, exigen la presencia física del presidente durante el turno de réplica. El artículo 24 de dicha norma reconoce a los partidos opositores el derecho a responder las declaraciones del mandatario en igualdad de condiciones de tiempo y difusión, pero no impone al gobernante la obligación de permanecer en el recinto. De hecho, el derecho de réplica se considera cumplido cuando la mesa directiva concede la palabra a la oposición y la señal pública transmite sus discursos, con o sin la presencia del jefe de Estado. Para que existiera alguna medida disciplinaria contra Petro por este acto, se requeriría un proyecto de ley estatutaria que supere cuatro debates parlamentarios y pase el control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. En el esquema jurídico actual, la única entidad facultada para sancionar al presidente es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pero su competencia se limita a delitos penales graves o casos de indignidad política extrema, categorías que no abarcan una ausencia como esta.
El gesto de Petro ha sido interpretado por diversos dirigentes políticos como una falta de respeto al equilibrio de poderes y un desaire a los sectores declarados formalmente en oposición. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, la conducta del mandatario se inscribe en un espacio donde la ley no establece consecuencias directas, lo que deja abierto el debate sobre la necesidad de actualizar el marco regulatorio que rige las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo durante las instalaciones formales del Congreso de la República.
