En un hecho histórico para el movimiento sindical y los trabajadores colombianos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Estatuto del Trabajo y Salario Vital, una iniciativa que busca desarrollar el artículo 53 de la Constitución de 1991, que lleva más de tres décadas sin ser reglamentado. La radicación se realizó durante la instalación del nuevo periodo legislativo el 20 de junio de 2026, en un acto encabezado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, junto con la bancada del Pacto Histórico. El proyecto forma parte de un paquete de nueve iniciativas que, según el Gobierno, profundizan la «revolución laboral» iniciada con la Reforma Laboral de 2025 (Ley 2466), devolviendo derechos a los trabajadores formales y estableciendo el salario vital como un derecho irreversible.
“Durante más de 30 años los trabajadores esperaron que este mandato de la Constitución se hiciera realidad. Hoy el Gobierno le cumple al país con una propuesta que pone la dignidad del trabajo en el centro del desarrollo, fortalece derechos y deja un legado para las próximas generaciones de colombianos”, afirmó Sanguino durante la radicación. El ministro explicó que el nuevo estatuto reforma estructuralmente el Código Sustantivo del Trabajo desde una perspectiva de derechos laborales, incorporando el salario vital como un derecho que no debe tener marcha atrás en la definición del salario de los trabajadores colombianos. La iniciativa llega en un contexto de mejoras salariales, pues el Gobierno decretó un aumento del salario mínimo del 23,7%%, fijándolo en dos millones de pesos desde 2026, mientras que la inflación a junio de ese año se ubicó en 6,14%%. Según cifras oficiales, 2.400.000 trabajadores devengan actualmente el salario vital, una medida que el proyecto busca blindar frente a futuros gobiernos.
Contenido del estatuto: inteligencia artificial, cuidado y transición energética
El proyecto no solo aborda el salario mínimo, sino que introduce regulaciones novedosas para el mundo laboral del siglo XXI. Entre sus disposiciones más destacadas se encuentra la regulación del uso de inteligencia artificial en las decisiones laborales, permitiendo que un trabajador conozca cómo se produjo una decisión automatizada que lo afecte y pueda solicitar la revisión humana. Además, se prohíbe el despido basado únicamente en decisiones automatizadas, un avance frente a la creciente digitalización del mercado laboral. Asimismo, el estatuto fortalece las herramientas contra la tercerización ilegal y refuerza la capacidad de inspección del Ministerio del Trabajo para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
Otra de las novedades es la ampliación de garantías para los trabajadores de cuidado, mediante la creación del Sistema Nacional del Cuidado, que distribuye el apoyo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. La iniciativa también incluye protección específica para los trabajadores afectados por la transición energética y reafirma el derecho a entornos laborales libres de violencia y acoso. Los criterios para fijar el salario vital se basarán en el costo de vida, la productividad de la economía y las necesidades reales de los hogares colombianos, un cambio frente al modelo anterior que no garantizaba el poder adquisitivo frente a la inflación.
“El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió, en cabeza del presidente, junto con la bancada del Pacto Histórico, radicar un paquete de nueve proyectos de ley que deben ser estudiados y tramitados por el Congreso de la República que se acaba de instalar este 20 de junio”, señaló el ministro Antonio Sanguino durante la ceremonia de radicación.
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
El Gobierno espera que el Congreso dé trámite prioritario a este estatuto, que busca impedir que normas posteriores reduzcan derechos laborales reconocidos en esta ley. Con esta iniciativa, se pretende consolidar la «revolución laboral» iniciada por la administración Petro y cumplir con una deuda histórica de la Constitución de 1991, que ordenó la creación de un estatuto que reuniera los principales derechos de los trabajadores. La radicación de estos nueve proyectos de ley marca el inicio de un debate que promete ser intenso en el legislativo, donde las fuerzas políticas deberán definir el futuro del trabajo en Colombia.
