La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia presentó el balance de sus primeros ocho años de funcionamiento, revelando que los gobernadores concentran la mayor cantidad de procesos investigados mientras que los congresistas registran el mayor número de condenas. La magistrada presidenta, Blanca Nélida Barreto Ardila, lideró la rendición de cuentas de esta instancia creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018, la cual inició funciones el 19 de julio de 2018 con el propósito de garantizar la doble instancia y el derecho a impugnación para aforados constitucionales. Entre 2018 y lo corrido de 2026, la Sala ha tramitado un total de 522 procesos, de los cuales emitió 161 sentencias, 80 de ellas condenatorias, 50 absolutorias y 31 mixtas, además de decretar 143 preclusiones, mientras que actualmente se mantienen activos 185 procesos.
Entre los datos más destacados del informe se encuentra la distribución de procesos según el cargo de los investigados: los gobernadores encabezan la lista con 73 casos, seguidos por los servidores judiciales con 33 y los congresistas con 19. En el caso de los gobernadores, los delitos más recurrentes son contrato sin cumplimiento de requisitos legales con 50 casos, peculado con 39, falsedades documentales con 8 y concierto para delinquir con 7. Por su parte, los congresistas presentan como delitos más frecuentes el concierto para delinquir con 13 casos, interés indebido en celebración de contratos con 9, peculado con 7 y cohecho con 6. En cuanto a los servidores judiciales, el prevaricato por acción lidera con 10 casos, seguido de cohecho con 9, prevaricato por omisión con 8 y falsedades documentales con 3.
Gestión y transparencia en ocho años de funcionamiento
La Sala Especial de Primera Instancia ha realizado un total de 1.908 audiencias desde su creación, incluyendo 190 virtuales durante la pandemia de covid-19 en 2020, lo que permitió mantener la continuidad de los procesos. Al iniciar funciones, la Sala recibió 137 procesos, de los cuales 66 correspondían a la Ley 600 de 2000, 46 a la Ley 906 de 2004 y 25 eran solicitudes de preclusión. La magistrada presidenta Barreto Ardila destacó que «los primeros ocho años de funcionamiento de esta Sala han estado marcados por la austeridad, la transparencia y el compromiso con la administración de justicia, factores que han contribuido a fortalecer la confianza de la ciudadanía».
«Los primeros ocho años de funcionamiento de esta Sala han estado marcados por la austeridad, la transparencia y el compromiso con la administración de justicia, factores que han contribuido a fortalecer la confianza de la ciudadanía»
Blanca Nélida Barreto Ardila, magistrada presidenta de la Sala Especial de Primera Instancia
La Sala, que inició labores con la posesión de los magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez, Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera, vivió un cambio significativo tras la renuncia de Marín Vásquez, cuando fue elegida Barreto Ardila como primera mujer en integrar esta instancia. Entre los casos de alto impacto que han sido tramitados se encuentran el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá, las irregularidades en contratos de dotación escolar en Chocó, la corrupción judicial en Boyacá y procesos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La Sala ha adoptado, además, decisiones con perspectiva de género y valoración probatoria sin estereotipos, consolidando un enfoque diferencial en sus fallos. Cabe recordar que la Sala Especial de Instrucción es la encargada de investigar y acusar a congresistas, mientras que la Fiscalía investiga a los demás aforados, en un esquema que busca garantizar el debido proceso para altos funcionarios con fuero constitucional.
