El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó este lunes 21 de julio de 2025 la orden emitida por el presidente Gustavo Petro para despejar las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá, bloqueadas por el sindicato de trabajadores desde tempranas horas de la jornada. Sanguino calificó la protesta como ilegal al considerar que afecta un servicio esencial, poniendo en riesgo la vida de líderes sociales, periodistas, congresistas y políticos que dependen de los esquemas de protección de la entidad.
La movilización, denominada por el sindicato como «Asamblea Informativa Permanente», incluyó la instalación de carpas dentro de la sede de la UNP, impidiendo el acceso al público y a los funcionarios. Según el ministro, este bloqueo coincide con el inicio del periodo legislativo en el Capitolio Nacional, que comenzó el 20 de julio, y afecta directamente la seguridad de los congresistas que requieren la garantía de sus esquemas de protección. «La UNP ha quedado bloqueada precisamente cuando el nuevo Congreso de la República inicia su periodo y deben ser garantizados sus esquemas de protección. La seguridad de los congresistas se pone seriamente en riesgo», afirmó Sanguino a través de su cuenta en la red social X.
Orden presidencial y postura del Gobierno
El presidente Gustavo Petro fue contundente en su mensaje: «Ordeno al director de la Policía Nacional despejar la UNP sin violencia pero con contundencia, para que la gente amenazada pueda obtener los servicios del Estado que se merece. Orden: despejar las instalaciones de la UNP y entregarlas al servicio público». En respuesta, el general William Rincón, director de la Policía, dispuso un operativo para cumplir la orden de manera pacífica pero firme, con el objetivo de restablecer el servicio esencial de protección.
El ministro Sanguino explicó que desde su cartera se adelanta la labor de inspección, vigilancia y control sobre el episodio, y advirtió que, aunque el Gobierno respeta el derecho a la protesta, este bloqueo específico no goza de legalidad. «Nosotros, que protegemos el derecho a la protesta de los trabajadores, debemos advertir que este bloqueo no goza de legalidad pues afecta un servicio esencial y pone gravemente en riesgo la vida de personas protegidas», señaló el funcionario en la misma red social.
Reclamos sindicales y cifras detrás de la protesta
El sindicato exige garantías sobre la continuidad laboral de aproximadamente 16.000 escoltas que enfrentan incertidumbre contractual para el segundo semestre de 2026, según sus estimaciones. Además, reclaman transparencia en el proceso de selección para los más de 6.000 cargos creados en la UNP, y piden que los empleados actuales puedan participar en igualdad de condiciones. El presidente Petro responsabilizó del bloqueo a Wilson Devia, exdirigente sindical, mientras que el ministro Sanguino calificó la protesta como un «acto de saboteo al proceso de formalización laboral de la UNP», señalando que busca favorecer a empresas beneficiarias de la «crónica tercerización laboral».
«Desde el Ministerio de Trabajo estamos adelantando nuestra labor de inspección, vigilancia y control en este episodio.»
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Pese a la orden presidencial y al operativo policial, el sindicato anunció que mantendrá la movilización hasta lograr una mesa de diálogo con la administración. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación revisa simultáneamente los procesos de contratación y provisión de cargos en la UNP, en medio de un clima de tensión que pone en la mira la seguridad de quienes están bajo protección del Estado. La jornada deja en evidencia el pulso entre las demandas laborales de los trabajadores y la urgencia gubernamental de garantizar un servicio que, según las autoridades, no puede detenerse.
