En una audiencia que se prolongó durante la mañana de este martes 21 de julio de 2026 ante el Juzgado 40 Penal de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos por presunto contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir a ocho directivos de la cadena de tiendas Lili Pink, en el marco de una investigación que destapó un entramado transnacional para evadir controles aduaneros y tributarios. Ninguno de los acusados aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Entre los imputados se encuentran el cofundador panameño de la marca, Max Marvin Abadi Harari; su hijo, David Max Abadi Homsani; y el ciudadano nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández. También figuran la representante legal de Fast Moda S.A.S., Lorena Bernal Castro; Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna; Jonnatan Villamil Soler; Luz Adriana López López; y Merlín Roxana Mendoza Arias, esta última vinculada desde Venezuela. La investigación, que se originó a partir de hallazgos de la Dian en 2022, detectó inconsistencias en operaciones de comercio exterior de empresas relacionadas con la importación de confecciones, cosméticos, accesorios y juguetes.
Entramado de empresas fachada y simulación de operaciones
Según lo expuesto por el fiscal del caso, los ocho acusados habrían creado una compleja estructura de empresas fachada y simulación de operaciones comerciales para encubrir el origen ilícito de los recursos. “Así es como se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, mercancía que posteriormente era vendida, materializándose de esta manera el delito de lavado de activos y obteniendo entonces, de esta manera también, un incremento patrimonial para sí o para otros, dependiendo también de la imputación que se realizara con antelación”, detalló el representante del Ministerio Público.
El entramado, explicó la Fiscalía, operaba mediante la fragmentación de transacciones financieras y el movimiento de dinero entre sociedades vinculadas. “Se identificaron también unas empresas panameñas que cumplían entonces el rol de ostentar la titularidad del 100% de las operaciones de las empresas comercializadoras en Colombia, así como también se logró determinar la constitución de proveedores nacionales, esto intentando dar apariencia de que se tercerizaba”, agregó el fiscal, señalando que de esta manera se buscaba dar una falsa apariencia de legalidad a las operaciones.
Cifras millonarias y medidas cautelares
Las autoridades calculan que el presunto lavado de activos asciende a más de 730.000 millones de pesos, mientras que el posible enriquecimiento ilícito supera los 430.000 millones de pesos. Las actividades de contrabando, por su parte, estarían estimadas en 75.000 millones de pesos. Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía ordenó la incautación de 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, cuyos bienes quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En el proceso también fue capturado Walter Francisco Martínez Martínez, abogado y representante de importadoras, a quien se le imputaron los mismos delitos. No obstante, la defensa de Fast Moda S.A.S. precisó que Martínez fue proveedor en años anteriores y no hacía parte de sus órganos directivos. Esta audiencia de imputación constituye solo una etapa inicial del proceso penal, y en las próximas diligencias se exhibirán las pruebas recopiladas, las cuales serán controvertidas por las defensas.
