En las tres semanas posteriores a la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio, cuando finalizó la vigencia de la Ley de Garantías electorales, un total de 2.829 entidades públicas en Colombia firmaron 43.092 contratos por un valor aproximado de 7 billones de pesos. Así lo reveló un análisis de la organización Transparencia por Colombia, que revisó los datos de contratación pública registrados en las plataformas Secop I, Secop II, SIE, Sigep y Rues. De ese total, 2.256 entidades fueron territoriales y 570 del orden nacional, evidenciando una reanimación masiva de la contratación estatal tras cuatro meses de restricciones impuestas por la Ley 996 de 2005, que prohíbe la suscripción de contratos directos durante el periodo preelectoral para evitar el uso electoral de los recursos públicos.
El valor de la contratación se distribuyó de manera similar entre ambos niveles: las entidades nacionales concentraron 3,7 billones de pesos, mientras que las territoriales sumaron 4 billones de pesos. Sin embargo, al interior del nivel nacional, el Gobierno nacional —solo la rama ejecutiva— acaparó el 93% del valor, con 3,4 billones de pesos. Esto significó que, aunque la mayoría de entidades contratantes fueron territoriales, el poder de gasto se concentró en las dependencias del Ejecutivo.
Contratación directa y dependencia estructural
Del total de contratos firmados por entidades del Gobierno nacional —6.717 procesos—, la modalidad de contratación directa fue la más utilizada, con 4.409 contratos por un valor de 344.302 millones de pesos, lo que representa dos de cada tres contratos suscritos. Le siguió la mínima cuantía con 1.292 contratos por 59.436 millones de pesos. La organización advirtió que esta prevalencia responde a que la contratación directa se usa mayoritariamente para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (Psag), una práctica que, aunque facilita la vinculación de talento humano, revela una dependencia estructural que no se resuelve con el levantamiento de la veda electoral.
“Es importante mencionar que esta situación no solo es ocasionada por las facilidades de la contratación directa, sino por restricciones estructurales a los presupuestos de funcionamiento de las entidades públicas”, señaló Transparencia por Colombia en su informe. Las entidades del Gobierno nacional que más contratos firmaron fueron el Sena, el Icbf y el Dane, mientras que entre las que concentraron los mayores montos se destacó el Invías, que lideró el valor de la contratación en el período analizado. “Aunque la mayoría de los contratos corresponden a entidades de nivel territorial, las entidades del Gobierno nacional concentran cerca del 45% del valor total de la contratación, siendo el Invías la entidad que concentra los mayores montos”, indicó la organización.
«Si se cuenta únicamente a las entidades del Gobierno nacional, estas concentran el 93% del valor de la contratación de las entidades nacionales ascendiendo a 3,4 billones de pesos»
Transparencia por Colombia, Informe de contratación pública
El estudio también señaló que, del total de entidades nacionales, las unidades administrativas suscribieron 1.628 contratos y las del sector defensa, 1.440. El análisis deja en evidencia la magnitud de la demanda contenida durante los meses de restricción y la urgencia con la que las entidades reanudaron sus procesos. La contratación directa, en particular para servicios profesionales, no solo fue la modalidad más empleada, sino que refleja un modelo de gestión pública que depende de este tipo de vinculación para cubrir necesidades operativas, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la transparencia en el uso de los recursos públicos una vez superada la coyuntura electoral.
