El Ministerio de Justicia y del Derecho, en cabeza de la ministra encargada Cielo Rusinque, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia adelantar una investigación penal rigurosa, transparente e imparcial contra el exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo, tras una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de ocho años. El pronunciamiento oficial, ocurrido el 21 de julio de 2026, ocurre en medio de la revelación de nuevos detalles sobre un presunto intento de intimidación contra la madre de la menor, quien habría sido contactada por una persona cercana al exmandatario para que sostuviera una conversación con Caicedo.
De acuerdo con la denuncia conocida por la revista Semana, los hechos se remontan a antes del 22 de junio de 2023, fecha en la que quedó registrada una conversación vía WhatsApp entre la madre de la menor y el propio Caicedo. En ese intercambio, según el texto de la denuncia, se le exigía a la mujer «adulario y responder conforme a sus instrucciones», mientras que el exgobernador habría manifestado expresiones como «en qué te apoyo» y afirmado poseer evidencias fotográficas almacenadas en una bodega. La denuncia también señala que la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, dirigente cercana a Caicedo, se comunicó con la madre de la menor para indagar por el paradero de su hermana pequeña y manifestó que se dirigía al lugar donde la niña se encontraba con el propósito de que Caicedo pudiera hablar con ella. Un audio, que obra como prueba en el expediente, daría cuenta de una reunión en la que se pidió a la madre acceder a dicho encuentro.
Defensa de las víctimas alerta sobre el miedo en comunidades pequeñas
Julián Quintana, abogado de las víctimas y exdirector del CTI, advirtió que cualquier persona que denuncie en un municipio pequeño enfrenta un temor inmenso de que el denunciado pueda atentar contra su vida, quitarle oportunidades laborales o generar represalias. «Por eso es que no se animan a denunciar», señaló Quintana, quien además reveló que en el curso de la investigación han aparecido nuevas presuntas víctimas de abuso sexual relacionadas con el exgobernador. El caso fue asignado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá determinar si existen méritos para abrir un proceso formal.
«En horas de la mañana del mismo día, la señora Virna Jhonson se comunicó para indagar por el paradero de mi hermana menor, manifestando que se dirigía al lugar donde esta se encontraba con el fin de que el señor Caicedo sostuviera conversación con ella».
Denuncia conocida por Semana
La ministra Cielo Rusinque, al referirse al caso, subrayó que esta acumulación de denuncias no puede leerse como hechos aislados, sino que exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes los ejercen. En un pronunciamiento enérgico, Rusinque afirmó que ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud ni servir de argumento para relativizar su gravedad. Las declaraciones de la ministra se producen en un contexto en el que Caicedo enfrenta múltiples denuncias previas por presunto abuso sexual, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos y voces institucionales a exigir que el sistema judicial actúe sin dilaciones ni privilegios.
«Cualquier persona que denuncie, pues, sin duda alguna, tiene un miedo grandísimo de que esta persona le pueda hacer algo, atente contra su vida; es un pueblo muy pequeño, les quite las oportunidades laborales. Por eso es que no se animan a denunciar».
Julián Quintana, abogado de las víctimas
El Ministerio de Justicia hizo un llamado explícito a la Fiscalía y a la Corte Suprema para que la investigación avance con todos los protocolos necesarios, garantizando la protección de la menor y su familia. Mientras tanto, la defensa de las víctimas ha solicitado que se investigue el episodio de presunta intimidación como un hecho independiente, que reforzaría la existencia de un patrón de abuso de poder denunciado por la ministra. El caso, que conmociona a la opinión pública por la edad de la víctima y el perfil del exfuncionario, pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para actuar con firmeza frente a denuncias que involucran a figuras políticas de alto nivel.
