La Corte Suprema de Justicia confirmó que el exsenador Arturo Char Chaljub enfrentará un juicio por su presunta participación en una red criminal de compra de votos, conocida como la ‘Casa Blanca’ en Barranquilla. El alto tribunal ratificó la acusación por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, al considerar que existen pruebas sólidas que lo vinculan con el plan criminal que buscaba manipular los resultados de las elecciones al Congreso de 2018. El caso pasa ahora a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se determinará la responsabilidad penal del exsenador.
La red operaba como una estructura criminal organizada, no una simple alianza electoral, según la acusación. La sede política conocida como ‘Casa Blanca’, allanada el 11 de marzo de 2018, funcionaba como centro de operaciones para la captación de votantes, administración de dineros y control del cumplimiento de los acuerdos. El costo por voto oscilaba entre 50.000 y 90.000 pesos colombianos. El plan criminal habría sido acordado en octubre de 2017 y tenía como objetivo asegurar los escaños de Aida Merlano y Lilibeth Llinás, así como la reelección de Arturo Char en el Senado.
Financiación y testigos clave
El expediente judicial señala que el pacto fue financiado fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Jacobo Cure, contratista de la alcaldía de Barranquilla durante el gobierno de Alejandro Char, y con aportes de Julio Gerlein Echeverría, también contratista de la administración y compañero sentimental de Aida Merlano. Además, se mencionan dineros provenientes del entonces alcalde del Distrito Especial, Alejandro Char Chaljub, hermano del exsenador. La decisión de la Corte se basa en un extenso material probatorio que incluye el testimonio de Aida Merlano, ya condenada por estos hechos, así como declaraciones de otros testigos y material incautado en la sede ‘Casa Blanca’.
“El referido pacto fue financiado fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Jacobo Cure, contratista de la alcaldía de Barranquilla (durante el gobierno de Alejandro Char), y con aportes de Julio Gerlein Echeverria, también contratista de la aludida administración, y compañero sentimental de Aida Merlano, al igual que con dineros provenientes del entonces alcalde del referido Distrito Especial, Alejandro Char Chaljub.”
Expediente judicial
Los magistrados desestimaron los argumentos de la defensa que cuestionaban la credibilidad de Aida Merlano, al considerar que las pruebas no dependían exclusivamente de su testimonio. Testigos clave como Rafael Rocha Salcedo y Evelyn Díaz declararon sobre la financiación de la familia Char y la presencia de Arturo Char en la sede política. La Corte sostuvo en su fallo que “el sentido común indica que, con dos desconocidos para él, como Rafael Antonio Rocha Salcedo o Francisco Rafael Palencia Borrero, Arturo Char no se iba a reunir para concretar un pacto relativo al establecimiento de una especie de fondo económico destinado a la compra de votos”.
“No existe una explicación posible en el expediente para una visita de Arturo Char Chaljub en el mes de diciembre de 2017, a la sede política de Aida Merlano, diferente a que este hacia parte del entramado delictivo que desde allí se configuraba…”
Corte Suprema de Justicia
El alto tribunal concluyó en su acusación que “Arturo Char sí hizo parte de la sociedad investigada, al menos en el estándar probatorio que se requiere para proferir en su contra resolución acusatoria”. La defensa del exsenador sostiene su inocencia, pero el proceso avanza hacia la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, donde se evaluarán las pruebas y se definirá el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes de la región Caribe.
