El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó este 21 de julio de 2026 en el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria que, en su artículo 30, propone una modificación clave al artículo 114-1 del Estatuto Tributario: reducir de diez a tres salarios mínimos el umbral para que los empleadores accedan a exoneraciones en los aportes a salud, Sena e Icbf. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el director de la Dian, Carlos Betancourt, busca recaudar más de 20 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación, aunque el grueso de esta meta —unos 8,529 billones de pesos— se espera obtener específicamente con este ajuste durante la vigencia 2027.
Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de dos millones de pesos mensuales, y la exoneración beneficiaba a empresas que contrataran trabajadores con ingresos de hasta diez salarios mínimos, es decir, 20 millones de pesos. Con el nuevo límite de tres salarios mínimos, equivalente a seis millones de pesos, el Gobierno sostiene que no se elimina el incentivo fiscal, sino que se limita a un segmento más específico de la fuerza laboral. «La mayoría de los pequeños y medianos empresarios tienen empleados que ganan menos de tres salarios mínimos. Y da un recaudo importante», explicó Carlos Betancourt a Blu Radio, defendiendo que la medida no afectará a la mayoría de las compañías del país.
Debate en el Congreso y visiones encontradas
El proyecto apenas inicia su trámite legislativo, y el artículo 30 podría ser modificado, eliminado o aprobado en el transcurso de la discusión. Sin embargo, las voces críticas ya se hacen sentir. Christian Quiñonez, exdirector de Fiscalización de la Dian, cuestionó la viabilidad política de la iniciativa al señalar que «básicamente lo que está ocurriendo aquí es que están presentando una reforma tributaria con las mismas condiciones, con las de la ley de financiamiento del año pasado, que no prosperó en el Congreso». En su concepto, la propuesta «no va a prosperar», anticipando un escenario similar al de fracasos previos en materia tributaria.
Frente a estas críticas, el Gobierno insiste en que la medida se enmarca dentro de un ajuste fiscal más amplio, que incluye recortes al gasto público y la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso para sostener el Presupuesto General. Betancourt recalcó que «en clave del ajuste fiscal creemos que vale limitar la exoneración, porque no es quitarla. Igual, como le digo, no va a afectar a la mayoría de las empresas porque la mayoría tienen empleados que ganan menos de tres salarios mínimos». La discusión en el Congreso determinará si esta visión se impone o si, como anticipa Quiñonez, el proyecto enfrenta un camino cuesta arriba en un clima político que ya ha visto naufragar iniciativas similares.
