Un juez de la República ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud suspender de inmediato la inspección que adelantaba contra la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y, además, exigió una rectificación pública por haber afirmado que la empresa se había opuesto a la auditoría. La decisión, adoptada mediante un fallo de tutela interpuesto por la misma FLA, constituye un revés para el ente de control y un espaldarazo a la gestión de los directivos de la licorera, quienes habían denunciado un presunto abuso de competencias por parte de la Supersalud.
La controversia estalló a finales de junio, cuando funcionarios de la Superintendencia se presentaron en las instalaciones de la FLA para realizar una inspección, argumentando su competencia para revisar recursos destinados a la salud. La administración de la licorera, en ese entonces liderada por Esteban Ramos, interpuso una tutela y presentó recusaciones, sosteniendo que algunos de los requerimientos solicitados eran improcedentes al estar amparados por reserva comercial y que la visita excedía las facultades legales del organismo. La tensión escaló al punto de que la Supersalud acusó públicamente a los directivos de bloquear la auditoría y anunció la presentación de denuncias penales, situación que derivó en la renuncia de Ramos a la gerencia de la FLA.
“Protegimos el buen nombre de la empresa”
El nuevo fallo de tutela no solo confirma la suspensión preventiva que un juez ya había decretado inicialmente, sino que va más allá al ordenar a la Supersalud que rectifique los señalamientos en los que afirmaba que la FLA se había opuesto a la auditoría. Desde su cuenta en la red social X, el exgerente Esteban Ramos celebró la decisión judicial y defendió su paso por la compañía. “Protegimos el buen nombre y la honra de una empresa que es patrimonio de todos los antioqueños”, escribió Ramos, quien añadió que “protegimos a la empresa más querida de los antioqueños hasta el último día de nuestra gestión”. En su mensaje, el exfuncionario insistió en que su administración se basó en la legalidad, la institucionalidad y la protección del patrimonio público.
El caso deja abierta una profunda discusión sobre los límites de las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud frente a empresas que, aunque manejan recursos del sector, no son exclusivamente entidades de salud. La Fábrica de Licores de Antioquia, en su defensa, logró que la justicia reconociera que la solicitud de información por parte de la Supersalud vulneraba su derecho al buen nombre y que la inspección debía ceñirse estrictamente a los márgenes legales establecidos, abriendo un precedente sobre la protección de la información comercial frente a los entes de control.
