La familia del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, anunció que presentará una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos por la actuación del agente David Brouillette durante un operativo en la ciudad de Biddeford. El abogado de la familia, Ben Gideon, reveló que el agente tenía un historial previo de problemas de salud mental y violencia doméstica, y afirmó que la versión oficial de los hechos cambió tras el incidente, contradiciendo las pruebas de video. El joven de 25 años no era el objetivo original del operativo y se encontraba en proceso de trámite de ciudadanía estadounidense.
De acuerdo con Gideon, el agente Brouillette contaba con registros judiciales de amenazas contra su expareja, pero nunca fue condenado, lo que pone en entredicho los procesos de selección de personal del ICE. “No hay manera de que alguien razonablemente pudiera haber pensado que este agente era apto para portar un arma y una placa”, declaró el abogado. Las autoridades federales inicialmente sostuvieron que Durán Guerrero usó su vehículo como arma y que el disparo se justificó por un temor a la seguridad pública. Sin embargo, Gideon asegura que los videos del operativo demuestran que nadie conducía a alta velocidad contra el agente, y calificó de falsa la historia que intenta justificar el homicidio.
Una muerte que reabre el debate sobre el uso de la fuerza letal
La demanda se centrará en la política de uso de fuerza letal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que prohíbe disparar solo para evitar la huida de un sospechoso a menos que exista una amenaza inminente de muerte o daño grave. “Lo que realmente sucede es que quieren poner matones en la calle porque parte de su misión es crear miedo”, sostuvo Gideon, quien afirmó que el ICE contrata deliberadamente agentes no calificados para infundir temor en la comunidad migrante. La familia ha recaudado más de 670.000 dólares a través de donaciones para cubrir los gastos de representación legal y la repatriación del cuerpo de Durán Guerrero a Colombia. Medios locales como CBS13 consultaron al ICE sobre las acusaciones de violencia doméstica al seleccionar personal, los protocolos de pruebas de seguridad y drogas, y si existe permiso para disparar a vehículos, pero la agencia no ha respondido.
“El gobierno estaba procesando su solicitud de ciudadanía. Lo estaba haciendo todo bien. Era una persona íntegra. En contraste, la persona a la que nuestro gobierno puso en la calle, con una placa y un arma, era alguien de baja calidad moral que nunca debió haber tenido ese poder”.
Ben Gideon, abogado de la familia Durán Guerrero
El caso ha generado protestas y reavivado el debate nacional sobre el uso de la fuerza letal por parte de agentes federales, especialmente tras la reelección de Donald Trump, quien impulsó políticas migratorias más restrictivas. Durán Guerrero, que vivía en Estados Unidos desde hace varios años y no tenía antecedentes penales, fue abatido mientras se encontraba en un vehículo durante un operativo en el que nunca fue el objetivo. Su familia, representada por Gideon, busca ahora que la justicia estadounidense determine la responsabilidad del agente y del Gobierno por una muerte que consideran evitable y profundamente injusta.
