La Corte Constitucional declaró ajustados a la Carta Política los artículos clave del Decreto Legislativo 213 de 2026, el cual establece un paquete de alivios económicos y administrativos para los mineros de subsistencia y pequeños productores que resultaron gravemente afectados por las intensas lluvias registradas a comienzos de año. La decisión, conocida en las últimas horas sin que se haya identificado al magistrado ponente, convalida las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, para mitigar el impacto de la emergencia climática en ocho departamentos del país. Los artículos avalados son el 1, 4, 5, 6, 9 y 11, los cuales contemplan desde la condonación parcial de obligaciones hasta la protección de los títulos mineros.
El fallo se produce semanas después de que el alto tribunal declarara constitucional la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Ejecutivo el pasado 11 de febrero de 2026 mediante el Decreto 150, pero limitando su aplicación a 181 municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como los más damnificados por el «frente frío». La Corte evaluó que las medidas contenidas en el Decreto 213 cumplen con los requisitos exigidos para los decretos de estado de excepción: son temporales, guardan una relación directa y proporcionada con la emergencia que pretenden atender. De esta forma, se busca evitar que la crisis económica se agrave para las comunidades mineras más vulnerables, protegiéndolas de procesos de caducidad o terminación de contratos mientras cumplen con los acuerdos de pago.
Alivios para más de 66.000 mineros
El Decreto 213 de 2026 fue expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por las fuertes lluvias que azotaron principalmente los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Según los registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en su módulo Génesis, existen 66.815 mineros de subsistencia registrados en estas regiones, de los cuales se estima que unos 2.000 resultaron afectados de manera directa por las inundaciones que suspendieron o redujeron drásticamente su actividad. Además, se calcula que cerca de 50.000 personas dependen indirectamente de la minería en esas zonas, lo que evidencia el impacto social de la emergencia. La ANM también identificó 346 trámites relacionados con la minería tradicional que se vieron interrumpidos.
Entre los artículos declarados constitucionales, el artículo 4 establece una condonación parcial del canon superficiario, un alivio que aplica únicamente durante la vigencia de la emergencia. El valor restante de esta obligación puede ser pagado por los mineros en un plazo de hasta 12 meses, sin intereses. Por su parte, el artículo 5 ofrece facilidades de pago para las regalías y otras obligaciones, permitiendo a los pequeños productores ponerse al día en hasta 12 cuotas mensuales, también sin intereses de plazo, siempre que la deuda no supere las 1.450 Unidades de Valor Básico (UVB). El artículo 6 es crucial, ya que impide que la ANM inicie procesos de caducidad de títulos, terminación de contratos o rechazo de solicitudes cuando el incumplimiento sea una consecuencia directa de la emergencia climática, siempre que el minero esté al día con un acuerdo de pago.
Recaudo millonario y advertencias de la Contraloría
El artículo 9 del decreto faculta a la ANM para reglamentar los mecanismos que permitan identificar a los mineros damnificados y así acceder a los beneficios. Finalmente, el artículo 11 fija la vigencia del decreto desde su fecha de publicación. La decisión de la Corte llega en un contexto donde la Contraloría General de la República ha alertado sobre una baja ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia. Según el ente de control, el recaudo del Gobierno por las medidas tributarias extraordinarias implementadas para financiar la emergencia asciende a 7,59 billones de pesos, una cifra significativa que, no obstante, contrasta con la lentitud en su inversión en algunos sectores. La información fue difundida inicialmente por el medio La República y retomada por Infobae.
