La Policía Metropolitana de Cali mantiene en reserva total las investigaciones en torno al brutal asesinato de María Camila Potosí, una joven de 24 años que se encontraba en el octavo mes de gestación y cuyo cuerpo fue hallado con señales de violencia en la zona rural del corregimiento La Buitrera. Las autoridades han confirmado que el feto de ocho meses habría sido extraído del vientre de la víctima, un hecho que ha conmocionado a la ciudadanía y que moviliza un operativo investigativo para dar con los responsables. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavídez, reveló que en el crimen podrían haber participado más de cuatro personas, aunque se abstuvo de entregar detalles sobre las identidades o posibles capturas debido a la estricta reserva judicial que rodea el caso.
La última vez que se vio con vida a María Camila fue el pasado 16 de julio a las 4:13 de la tarde. Una cámara de seguridad en el sector de Polvorines captó el momento en que la joven abordaba una motocicleta conducida por una mujer. Esa mujer, una conocida de la víctima, ya habría rendido declaración ante las autoridades, aunque la familia de la víctima asegura no conocerla hasta que el video se hizo viral. La investigación se ha centrado en esclarecer el paradero de la bebé, que según la familia no se encontraba en el cuerpo de la víctima durante el levantamiento. “Estamos trabajando sobre esa hipótesis y haciendo una labor investigativa para ubicar a la menor, en caso de que así sea la situación”, afirmó el general Benavídez, dejando abierta la posibilidad de que la niña se encuentre con vida en manos de terceros.
Recompensa millonaria y nuevas pistas
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció el pasado 24 de julio un incremento en la recompensa para quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables, pasando de 100 a 200 millones de pesos. Este incentivo busca romper el muro de silencio que, según las autoridades, podría estar protegiendo a los involucrados. En simultáneo, un nuevo giro en la investigación surgió a partir de un video difundido por Carlos Rincón, expareja de la mujer sospechosa que transportó a la víctima. Rincón aseguró que su expareja ya fue entregada a las autoridades, una versión que el general Benavídez evitó confirmar o desmentir, limitándose a reiterar que el proceso está bajo reserva. En su declaración pública, Rincón afirmó no tener nada que ver con el caso y denunció estar recibiendo amenazas: “Estamos corriendo un gran riesgo y recibiendo muchas amenazas (…) Nos están diciendo que van a llegar a la casa para quemarla, van a llegar a tirar piedras, que tenemos que irnos del barrio”.
Paralelamente, las autoridades han identificado a la mujer sospechosa como una persona que asistía a reuniones del programa Fami (Familia, Mujer e Infancia) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), donde se hacía pasar por embarazada para vincularse con otras mujeres gestantes. Este detalle, sumado a la hipótesis principal de que el móvil del crimen estaría directamente relacionado con el robo del bebé, ha intensificado la exigencia de la comunidad y la familia por respuestas concretas. Mientras la Fiscalía y la Policía continúan recopilando material probatorio, la ciudad de Cali se mantiene en vilo, a la espera de que se esclarezca un caso que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres gestantes y la crueldad de un crimen que aún no encuentra culpables.
