Un escándalo de corrupción sacude al Ministerio de Defensa de Colombia tras la revelación de un presunto acuerdo criminal entre altos funcionarios y empresarios para direccionar un millonario contrato de mantenimiento de helicópteros militares. La Fiscalía General, a través del fiscal del caso José Ignacio Arias Ciro, imputó cargos contra varios involucrados por el direccionamiento del contrato de mantenimiento mayor de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército, valorado en 32,4 millones de dólares —unos 130.000 millones de pesos colombianos—, que fue adjudicado a la empresa estadounidense Vertol Systems Company.
La investigación señala que desde septiembre de 2024, el exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, habría dado la orden verbal de tramitar el contrato mediante contratación directa, sin que existieran estudios jurídicos que justificaran esa modalidad. Según la Fiscalía, Suárez exigió a los funcionarios que flexibilizaran los requisitos y actuaran con «creatividad» y «mente abierta», pidiéndoles que «no fueran tan legalistas». Los delitos imputados incluyen falsedad ideológica en documento público, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, peculado por apropiación y tráfico de influencias.
Irregularidades en la contratación
El contrato fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y contemplaba un anticipo del 50 por ciento, equivalente a 16,2 millones de dólares —unos 66.000 millones de pesos—, que fue entregado a Vertol Systems Company. Sin embargo, una visita técnica a las instalaciones de la empresa en Florida, Estados Unidos, concluyó que esta no contaba con la capacidad necesaria para realizar el mantenimiento mayor de los helicópteros Mi-17. La Fiscalía afirma que se aceptaron documentos elaborados por la misma compañía para demostrar experiencia, sin exigir los estados financieros completos que acreditaran su solidez económica.
Entre los imputados se encuentran James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company; Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts; el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago, director de Logística; y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio. La Fiscalía sostiene que existió una coordinación entre estos funcionarios y particulares para asegurar la adjudicación del contrato, pese a las evidentes falencias de la empresa contratista.
«(El exviceministro pidió) no ser tan legalistas»
Fiscalía, durante audiencia de imputación
Antecedentes y próximas audiencias
El proceso contractual también incluyó gestiones de Suárez ante el director de la Aerocivil, Sergio París, para agilizar verificaciones técnicas que beneficiaran a MI Series Personnel & Parts. Además, se descartó una opción de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, considerada más favorable, para ajustar el proceso y permitir el anticipo del 50 por ciento. Hasta julio de 2025, el avance del contrato es de apenas el 8 por ciento, y aunque el Ministerio de Defensa logró recuperar 22 millones de dólares —unos 90.000 millones de pesos— mediante la aseguradora Berkeley International, la Fiscalía asegura que los recursos del anticipo nunca regresaron al Estado.
La próxima audiencia clave está programada para el 27 de julio contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, luego de múltiples aplazamientos por inasistencias y recursos judiciales. Este caso pone en evidencia las graves falencias en los procesos de contratación pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que intereses particulares se antepongan al bien común y la seguridad nacional.
