El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo la dirección de la ministra Diana Morales, solicitó formalmente a la Dian, encabezada por Carlos Emilio Betancourt Galeano, la reglamentación de la prohibición de importación y exportación de bienes producidos con trabajo forzoso, estableciendo como plazo máximo el 6 de julio de 2026. Sin embargo, la norma no fue expedida a tiempo, coincidiendo con la activación de un arancel adicional del 12,5% por parte de Estados Unidos a productos colombianos, medida que comenzó a regir el 24 de julio de 2026. Esta situación expuso la fragilidad de los compromisos bilaterales y las consecuencias comerciales de no cumplir con las exigencias internacionales en materia de derechos laborales.
La solicitud, realizada mediante carta fechada el 22 de junio de 2026, respondía a la necesidad de implementar controles aduaneros que prohibieran el comercio de mercancías producidas total o parcialmente con trabajo forzoso u obligatorio, una disposición ya incorporada en el régimen sancionatorio aduanero colombiano. La ministra Morales advirtió en su comunicación que la expedición de esta reglamentación era estratégica para la relación comercial bilateral y que la Dian había manifestado su disposición para liderar el proceso. Ante la falta de avances, el Ministerio optó por publicar un borrador de resolución por su cuenta, estableciendo lineamientos para que los operadores comerciales gestionaran los riesgos asociados a estas prácticas, y asignando a la Ventanilla Única de Comercio Exterior la recepción de denuncias.
Consecuencias comerciales y reacción del sector productivo
La activación del arancel del 12,5% por parte de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), oficializada el 23 de julio y efectiva desde el día siguiente, afecta a cerca de 60 países, incluido Colombia, como resultado de investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta medida incrementa la presión sobre las exportaciones colombianas y evidencia la urgencia de adoptar marcos regulatorios que demuestren el compromiso del país con la erradicación del trabajo forzoso. La ministra Morales subrayó que contar con la reglamentación habría fortalecido el marco institucional y consolidado la confianza en las cadenas de suministro, elementos clave para mantener el acceso preferencial al mercado estadounidense.
El Consejo Gremial Nacional, que había remitido una comunicación al Ministerio el 9 de junio de 2026, solicitó criterios objetivos de riesgo, mecanismos de investigación claros, estándares probatorios definidos y garantías de debido proceso en la implementación de estas disposiciones. Sin embargo, la falta de respuesta oportuna por parte de la Dian generó incertidumbre en el sector productivo, que ahora enfrenta no solo el arancel adicional sino también el desafío de adaptarse a un entorno regulatorio incompleto. El borrador de resolución publicado por el Ministerio incluye como anexos el proyecto normativo y la comunicación del Consejo Gremial, lo que sugiere que el Gobierno busca retomar el control del proceso, aunque con el costo de haber perdido una oportunidad crucial para blindar la relación comercial con Estados Unidos.
