La Fiscalía General de la Nación reveló que el entramado criminal de las tiendas Lili Pink, operadas bajo la razón social Fast Moda S.A.S., generó un incremento patrimonial superior a los 442.000 millones de pesos mediante la creación de sociedades de papel en Panamá. La investigación, que se inició tras una denuncia ante la Dian, permitió establecer que la organización operó durante más de diez años, desde 2013, utilizando más de 300 establecimientos comerciales como fachada para lavar activos y ocultar contrabando. Ocho directivos de la empresa fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Durante el proceso, las autoridades identificaron al menos seis empresas constituidas en Panamá – Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A. y One Boy S.A. – que servían como canal para enviar las utilidades generadas por la venta de mercancía de contrabando al exterior. Según la Fiscalía, los representantes legales de esas sociedades eran en realidad personas con cargos operativos dentro de la empresa colombiana, como conductores, operarios, tesoreros y abogados, lo que evidenciaba una estructura diseñada para ocultar a los verdaderos dueños del dinero. Entre los nombres vinculados a las empresas panameñas figuran Joey Sabady Omsani y Malaquilla Vismar Hernández, este último también relacionado con un establecimiento de comida rápida llamado “Delicias Eli”.
El modus operandi del contrabando
La Fiscalía detalló que la organización se dedicaba a importar mercancía desde Asia, pero para evadir los controles aduaneros modificaban las marquillas de las prendas para que dijeran “Hecho en Colombia”. En los operativos realizados en los almacenes se encontraron cajas etiquetadas como fabricadas en el país, pero que contenían productos extranjeros; prendas con dos marcas distintas; referencias que no coincidían con los registros, y productos que figuraban a nombre de dos importadores diferentes. “La organización se dedicó a la realización de operaciones de comercio exterior dándole apariencia de legalidad con el fin de lograr el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional”, señaló un fiscal del caso.
“Quienes registran constituyendo las sociedades y fungiendo como representantes legales son en realidad personas con cargos operativos como conductores, operarios, tesoreros y abogados al interior de la empresa”.
Fiscalía General de la Nación
En abril de 2026, las autoridades intervinieron los establecimientos de Lili Pink y encontraron pruebas contundentes del lavado de activos y el contrabando. Actualmente, las tiendas están siendo administradas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al considerar que generan ganancias por fuera de la acción delictiva. La investigación también detectó multas de tránsito en Panamá a nombre de personas vinculadas a las empresas de papel, lo que refuerza la tesis de que la red operaba de manera transnacional. El caso continúa en curso y se espera que en las próximas audiencias se definan las responsabilidades de los ocho directivos imputados.
