El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, encendió las alarmas sobre una presunta irregularidad en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) tras la expedición de la Resolución 468 del 23 de julio de 2026, un acto administrativo que modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la entidad. Durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, el equipo de transición detectó cambios en los perfiles académicos, los Núcleos Básicos del Conocimiento y las funciones específicas de diversos cargos, lo que, a juicio de Cancino, podría facilitar el direccionamiento de perfiles o el llamado “amarre” de puestos. La alerta surge justo en la recta final de una administración, un momento en el que, según advirtió el funcionario, se debe extremar el rigor sobre cualquier acto administrativo que incida en los requisitos laborales o en la distribución de funciones para blindar el empleo público y garantizar los principios de mérito, transparencia e igualdad.
La revisión del acto administrativo, que no altera la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, fue ordenada por Cancino al director designado de la ANDJE, Germán Calderón España, quien lidera el equipo anticorrupción del empalme. El ministro designado instruyó realizar un estudio técnico y jurídico exhaustivo de la resolución para determinar si los cambios introducidos constituyen una violación a la normativa de empleo público. En caso de encontrar elementos suficientes que sugieran una irregularidad, Calderón España deberá promover las acciones penales y disciplinarias correspondientes ante las autoridades competentes. “En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos”, declaró Cancino, subrayando la necesidad de proteger la moralidad administrativa y la correcta gestión de los recursos públicos.
Alerta sobre el empleo público en la recta final del gobierno
La ANDJE, entidad encargada de coordinar la defensa jurídica del Estado colombiano, está en el centro de la controversia por una modificación que, según el equipo de empalme, fue detectada durante la revisión de los actos administrativos expedidos en los últimos meses de la administración saliente. Si bien Cancino no afirmó que exista una irregularidad probada, sí señaló una presunta situación que debe ser verificada con profundidad. El caso pone el foco sobre la expedición de resoluciones que modifican manuales de funciones y competencias laborales, un tipo de acto administrativo que, por su impacto en los requisitos y perfiles de los cargos públicos, requiere un escrutinio mayor cuando ocurre en la recta final de un gobierno. El objetivo de la revisión, según lo planteado por el ministro designado, es blindar el empleo público y evitar que se configuren mecanismos que permitan el direccionamiento de perfiles o el amarre de cargos, prácticas que atentan contra los principios de mérito e igualdad en el acceso a la función pública.
«En un proceso de empalme, resulta indispensable una revisión técnica que garantice el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo público, evitando cualquier riesgo de direccionamiento de perfiles o ‘amarre’ de cargos»
Iván Cancino, ministro de Justicia designado
La alerta del ministro designado deja abierta la puerta a una investigación que podría derivar en acciones penales y disciplinarias si se confirma que la Resolución 468 fue utilizada para direccionar perfiles o beneficiar a personas específicas en la asignación de cargos dentro de la ANDJE. Mientras tanto, el equipo de empalme continúa con la revisión de todos los actos administrativos expedidos en las últimas semanas de la administración, con el fin de garantizar que la transición se realice con los más altos estándares de transparencia y legalidad. El caso se suma a otros que han puesto en alerta a los equipos entrantes sobre posibles irregularidades en la gestión del empleo público durante los últimos meses de gobierno, un periodo que históricamente ha sido considerado de alto riesgo para la expedición de actos administrativos que comprometan la meritocracia y la igualdad de oportunidades.
