Una nueva investigación de la revista Semana destapa un entramado de corrupción que involucra a Juliana Guerrero y su hermana Verónica, presuntas allegadas al Gobierno de Gustavo Petro, en una red de cobros a empresarios para gestionar contratos públicos en varios ministerios. Las pruebas, que incluyen testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias, revelan que entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025, las hermanas habrían operado un esquema de tráfico de influencias desde Bogotá y municipios como Aguachica, en el Cesar, para obtener obras como cámaras de seguridad, acueductos o mejoramientos de vivienda. Según la denuncia, los empresarios debían pagar tarifas por reuniones, anticipos y un porcentaje del valor final de los contratos, con el intermediario David Trespalacios como receptor y distribuidor del dinero, mientras que quien fungía como enlace directo con los empresarios era Verónica Guerrero, y su hermana Juliana realizaba las gestiones ante funcionarios como el entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros.
Las cifras que maneja la investigación son reveladoras de la magnitud del presunto cobro. Los empresarios debían desembolsar un millón de pesos por cada reunión gestionada, un anticipo de 200 millones de pesos y una comisión del 10% sobre el valor total de cada proyecto adjudicado. Además, se exigían 35 millones de pesos por cada municipio que lograran incluir en los contratos. Uno de los casos más detallados corresponde a un proyecto de mejoramientos de vivienda en Aguachica valorado en 6.000 millones de pesos, del cual las hermanas habrían exigido el 10%, es decir, 60 millones de pesos. En total, un empresario denunciante consignó 53 millones de pesos mediante efectivo y transferencias parciales de 5 millones, 1,8 millones, 3,2 millones, 3,95 millones, 3,05 millones y 10 millones de pesos, según los registros bancarios aportados por Semana.
Los chats que evidencian el entramado
Las conversaciones de WhatsApp entre los implicados, a las que tuvo acceso la revista, muestran la mecánica del presunto esquema. En uno de los mensajes, Verónica Guerrero le asegura a un empresario que su hermana Juliana ya estaba gestionando el asunto con Edward Libreros: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. En otro intercambio, Verónica describe sin ambages el reparto del dinero: “Exacto. Entre más uno les joda a los del min (Ministerio), ellos también joden”. Los empresarios, que pidieron reserva de su identidad, relataron a Semana el acuerdo: “Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. Las gestiones no solo se limitaban al Ministerio de Vivienda, sino que también abarcaban los ministerios del Interior, Ambiente e Igualdad, así como entidades como Fiduagraria y el Fondo Colombia en Paz.
«Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio»
Empresario denunciante (bajo reserva), a Revista Semana
La sombra de la injerencia de Juliana Guerrero en la contratación pública ya había sido señalada por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), quien asegura que la hermana de Verónica actuaba “sin ningún escrúpulo” y con el “descaro de ir a las entidades a mandar, a decir qué se contrata, a quién se vincula y a quién no”. Rodríguez precisó que las dos hermanas “van al Ministerio de la Igualdad y toman decisiones sin ser funcionarias públicas”. Los chats revelan además que Verónica informaba que Juliana estaba en la Casa de Nariño el 20 de enero de 2025 y que tenía una reunión con “el jefe de jefes”, frase que los denunciantes interpretan como una referencia al presidente Gustavo Petro. Para agilizar los trámites, las hermanas atribuían las demoras a la situación de orden público en Catatumbo y al estado de conmoción interior decretado por el Ejecutivo.
Incluso se compraron tiquetes aéreos para que Verónica Guerrero viajara a Aguachica el 5 de diciembre de 2024 para gestionar un proyecto de acueducto. Según un chat de David Trespalacios, la distribución del dinero recibido era clara: 12,5 millones para Verónica, otros 12,5 millones para Juliana y 10 millones para Wilmer Trespalacios. La publicación de estas pruebas se da en el marco de otras investigaciones sobre presuntas redes de influencia en el Gobierno de Gustavo Petro, donde las hermanas Guerrero ya son señaladas como operadoras de un esquema que, a pesar de no tener cargos oficiales, tomaba decisiones en la contratación estatal. La Fiscalía y los organismos de control deberán ahora determinar la veracidad de estas denuncias y el alcance de una posible red de corrupción que, según los testimonios, operaba con total impunidad en el corazón del Estado.
