La joven de 21 años y con ocho meses de gestación desapareció tras salir a un control prenatal. El hallazgo de su cuerpo a orillas del río Meléndez y la incertidumbre sobre su bebé han desatado la indignación generalizada, mientras las autoridades elevan a $200 millones la recompensa para dar con los responsables

Lo que debía ser la antesala del nacimiento de una nueva vida concluyó en una tragedia que hoy tiene consternada a la ciudad de Cali y al país entero. La historia de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años en su octavo mes de embarazo, pone al descubierto una brutalidad aterradora en un contexto de violencia de género que ya registra 49 mujeres asesinadas en la capital del Valle del Cauca en lo que va del año 2026.
El drama comenzó el miércoles 16 de julio de 2026. María Camila salió de la casa de su cuñada, ubicada en el sector de Polvorines, en el suroccidente de Cali, con el propósito de asistir a un control prenatal para revisar el estado de su bebé en gestación.
Hacia las 4:00 p.m. de ese mismo día, cámaras de seguridad de la zona registraron el momento clave que hoy centra la atención judicial: la joven abordó la parte trasera de una motocicleta conducida por otra mujer. A partir de ese instante se perdió todo contacto con ella, lo que llevó a su familia a interponer de inmediato la denuncia por desaparición y a iniciar una búsqueda angustiosa contra el tiempo.
Entre el jueves 17 y el sábado 18 de julio, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió las primeras labores para reconstruir la ruta y los movimientos de la gestante, mientras la incertidumbre crecía entre sus seres queridos.
El trágico hallazgo a orillas del río Meléndez
Las esperanzas de encontrar a María Camila con vida se destruyeron el domingo 19 de julio de 2026. Su cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez, a la altura del kilómetro 3 en el sector de La Buitrera, al sur de Cali.
Los reportes preliminares dejaron ver la saña con la que se actuó: el cuerpo de la joven presentaba signos de tortura, múltiples heridas provocadas con arma blanca, se encontraba atado y habría sido envuelto en sábanas antes de ser abandonado en el lugar.
Sumado a la barbarie del homicidio, la tragedia escaló a niveles aún más desgarradores. La familia de María Camila afirmó que, tras la necropsia realizada en Medicina Legal, se les informó que la bebé de ocho meses de gestación no se encontraba en el vientre de su madre. Aunque las autoridades aún mantienen bajo reserva la confirmación oficial sobre las circunstancias exactas de la extracción, se confirmó el fallecimiento de la neonata.
Avances judiciales, hipótesis y recompensa récord
Entre el 21 y el 24 de julio de 2026, el CTI de la Fiscalía concentró sus esfuerzos en establecer el modo, tiempo y lugar de los hechos. La principal línea de investigación sigue fijada en la identificación y paradero de la mujer que conducía la motocicleta en la que fue vista por última vez María Camila en Polvorines. Hasta la fecha no se ha determinado formalmente el móvil del crimen ni se han efectuado capturas.
Frente a la gravedad del caso, la institucionalidad reaccionó de manera contundente. Inicialmente, la Alcaldía de Cali ofreció $50 millones de pesos por información. Posteriormente, en un trabajo conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca, la cifra subió a $100 millones. Finalmente, el viernes 24 de julio, el gobierno distrital anunció que el monto se elevó a $200 millones de pesospara incentivar la colaboración ciudadana.
Además, aa secretaria de Bienestar Social de Cali, Nigeria Rentería; el personero distrital, Gerardo Mendoza; y el alcalde Alejandro Eder hicieron un llamado urgente a la Fiscalía para acelerar el proceso de investigación bajo un riguroso enfoque de género. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, enfatizó que la prioridad absoluta de los organismos de seguridad debe ser el esclarecimiento total del caso y la localización de la bebé.
El feminicidio de María Camila Potosí Gómez trasciende la crónica roja para convertirse en un doloroso símbolo de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes. Mientras la investigación avanza bajo la mirada vigilante de las organizaciones de derechos humanos y de la ciudadanía caleña, la familia de la joven exige celeridad en las pruebas técnicas, identificación de las cámaras de seguridad y la pronta captura y condena con la máxima pena para los responsables de este atroz hecho.
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