La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a un exfuncionario del Ministerio de Defensa y a dos particulares, entre ellos un ciudadano estadounidense, por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato de mantenimiento de helicópteros del Ejército Nacional por 32 millones de dólares. Se trata de Herbert Arnulfo Buitrago Galán, quien se desempeñaba como director de Logística de la Dirección de Contratación Estatal; Carlos Martín Uribe Forero, propietario de MI Series Personnel & Parts; y James Lester Montgomerie, presidente de la compañía estadounidense Vertol Systems Company. El anunció de judicialización se produjo el sábado 25 de julio de 2026, en el marco de una investigación que también vincula al exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto, cuya audiencia de imputación fue aplazada y se reanudará el 27 de julio de 2026.
El contrato No. 012 de 2024 fue suscrito el 31 de diciembre de ese año para el mantenimiento mayor de helicópteros rusos MI-17 del Ejército, y fue adjudicado a Vertol Systems Company mediante una contratación directa que, según el ente acusador, carecía de sustento jurídico. La Fiscalía señaló que se flexibilizaron requisitos técnicos y financieros, y se autorizó un anticipo del 50 % del valor del contrato, equivalente a 16 millones 231 mil 700 dólares, pese a que la empresa no contaba con la capacidad para ejecutar el servicio. De hecho, una visita técnica a las instalaciones de Vertol en Florida concluyó que la compañía no tenía la infraestructura necesaria para cumplir con el objeto contractual. A julio de 2025, el avance del contrato apenas alcanzaba el 8 %, mientras que las actividades ejecutadas por el contratista al momento del anticipo sumaban cerca de 2,6 millones de dólares.
Direccionamiento y creatividad ilegal
La investigación reveló que el proceso fue direccionado para beneficiar a Vertol Systems Company, ignorando advertencias sobre la falta de idoneidad de la empresa y descartando opciones más favorables para el Estado, como una posible cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para el mantenimiento de las aeronaves. La Fiscalía documentó que el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto instruyó a los integrantes del comité estructurador a no ser “tan legalistas”, a actuar con “creatividad” y a mantener “una mente abierta” para sacar adelante la contratación, según lo declaró el fiscal José Ignacio Arias Ciro. Estas directrices, advierte el organismo judicial, evidencian graves deficiencias en los procesos de contratación pública y un compromiso firme por parte de la institucionalidad en la lucha contra la corrupción en sectores estratégicos como el de la defensa nacional.
Cifras millonarias y cargos imputados
Además del anticipo girado, la aseguradora Berkeley International recuperó 22 millones de dólares, recursos que no regresaron al Estado colombiano. Como contraste, una cotización alternativa considerada en su momento ascendía a 36 millones de dólares, lo que refuerza la tesis de un sobrecosto encubierto. A Buitrago Galán se le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; mientras que a Uribe Forero y Montgomerie se les formularon cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguno de los imputados aceptó los cargos. La investigación también vincula al coronel Julián Rincón, Hugo Alejandro Mora y Diego Alejandro Manrique, entre otros funcionarios, y continúa abierta para determinar responsabilidades individuales y recuperar los recursos públicos comprometidos.
“Estos hechos evidencian graves deficiencias en los procesos de contratación pública”
Fiscalía General de la Nación
La audiencia de imputación contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto fue reprogramada para el lunes 27 de julio de 2026, luego de varios aplazamientos. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la posibilidad de ampliar las imputaciones y continuar con las pesquisas para recuperar los dineros desviados y establecer el alcance real de la presunta red de corrupción que habría operado al interior del Ministerio de Defensa en la contratación del mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
