Un video viral ha vuelto a poner en el centro del escándalo a la exfuncionaria Juliana Guerrero, quien fue captada en las Fiestas del Mar en Santa Marta justo cuando nuevas pruebas periodísticas la señalan, junto a su hermana Verónica Guerrero, de liderar una red de cobros irregulares por gestiones ante entidades del Estado. La reaparición en medio del fuerte debate público ocurre en el momento más álgido de la controversia, que según las investigaciones habría operado entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025. De acuerdo con testimonios, chats, audios y documentos bancarios revelados por medios nacionales, las hermanas Guerrero habrían tejido una estructura para cobrar por supuestas gestiones ante los ministerios de Vivienda y del Interior, Fiduagraria S.A., el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente. En ese esquema, Juliana actuaba como gestora ante instancias oficiales, Verónica mantenía el contacto con empresarios y coordinaba los pagos, mientras que David Trespalacios intermediaba el recaudo. Los pagos, según las pruebas, se hacían por reuniones, anticipos y porcentajes de proyectos adjudicados, y el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente sugiriendo que los empresarios pudieron haber sido estafados.
Las evidencias, que incluyen conversaciones y registros financieros, apuntan a una presunta capacidad de injerencia de las hermanas Guerrero en entidades oficiales. Se menciona incluso la presencia de Juliana Guerrero en la Casa de Nariño y reuniones con quien en los chats denominan “el jefe de jefes”, en alusión al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el mandatario ha sido enfático al afirmar que las pruebas deben ser entregadas a la Fiscalía General de la Nación e insistió en que su administración no permitió actos de corrupción. En sus declaraciones, señaló:
«Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados empresarios se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Los montos del presunto entramado
Las revelaciones periodísticas detallan un esquema de cobros que incluía tarifas de hasta un millón de pesos por cada reunión, anticipos que alcanzaban los 200 millones de pesos y el 10% del valor de cada proyecto que lograra adjudicarse. Asimismo, se hablaba de pagos de hasta 35 millones de pesos por cada municipio beneficiado con contratos, y una comisión de 60 millones de pesos por un contrato de mejoramientos de vivienda por 6.000 millones de pesos en el municipio de Aguachica, en el Cesar. En los chats revelados, Verónica Guerrero aparece coordinando los pagos y mencionando a su hermana: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”, se lee en una de las conversaciones.
La controversia en redes
La difusión del video de Juliana Guerrero en las Fiestas del Mar, publicado en la red social X por la cuenta @dona_pily2, encendió aún más el debate. En las imágenes se ve a la exfuncionaria en una mesa con dos acompañantes, lo que provocó una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios señalaron que “oda ya eso es una enfermedad, y pa andar en ese ritmo de vida hay que tener mucho tiempo desocupada y bastante plata para gastar” (Sic), otros defendieron a Guerrero: “Y que tiene de malo que vaya a las fiestas del mar? Ya esa persecución a la pelada está rayando en el acoso”. También hubo quien ironizó con su situación judicial: “Bueno las próximos fiestas que disfrutará, será la de la virgen de las Mercedes en el patio 5 de la cárcel el Buen Pastor”.
El presidente Petro, además de reaccionar al escándalo, ha insistido en que las pruebas sean puestas en manos de la Fiscalía para que se investigue a fondo. En sus declaraciones, el mandatario sugirió que los empresarios que pagaron por las gestiones podrían haber sido víctimas de una estafa, al no obtener los resultados prometidos. La polémica continúa mientras la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones y la respuesta de las autoridades judiciales.
