Exdirector de la UNGRD pide a la justicia investigar a las hermanas Guerrero por presuntas coimas

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En una solicitud que promete sacudir los cimientos de la administración pública, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, pidió formalmente a la justicia investigar a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero por un presunto esquema de coimas y tráfico de influencias que habría operado durante el segundo semestre de 2024 y se extendió hasta marzo de 2025. La solicitud se sustenta en revelaciones periodísticas del medio Semana, que documentaron —a través de chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones bancarias— una red sistemática para acceder a contratos estatales, con ramificaciones que llegarían al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Aunque Carrillo ha sido crítico con el medio por lo que considera un «evidente sesgo político», no desestimó las pruebas presentadas y advirtió que la situación es «muy delicada», urgiendo a la Fiscalía a determinar qué delitos pueden configurarse.

Las acusaciones, relatadas por tres empresarios que declararon bajo reserva, describen un mecanismo de cobro que incluía una tarifa de un millón de pesos por cada reunión gestionada, un anticipo de 200 millones de pesos por proyecto y una comisión del 10 por ciento del valor total de cada adjudicación. En un caso concreto, por cada municipio que les fuera asignado, las hermanas Guerrero recibirían 35 millones de pesos. Una obra en Aguachica, valorada en 6.000 millones de pesos, les habría reportado 60 millones de pesos, mientras que en una transacción documentada se registró un reparto de 12,5 millones para cada hermana y 10 millones para Wilmer Trespalacios. Los pagos, según las pesquisas, eran canalizados a través de David Trespalacios.

El entramado de influencias y el papel del Fonsecon

La denuncia de Carrillo cobra especial relevancia por la mención al Fonsecon, un fondo sobre el cual, advierte el exdirector de la UNGRD, habría control por parte de aliados del entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. La presunta influencia de las hermanas Guerrero no se limitaba a una sola cartera, sino que se extendía a los ministerios de Vivienda y del Interior, así como a entidades como Fiduagraria S.A., el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente. En los chats revelados, Verónica Guerrero hacía explícito el modus operandi con frases como «Exacto. Entre más uno les joda a los del min, ellos también joden», en alusión al reparto de recursos con presuntos aliados, mientras que en otro mensaje aseguraba que «Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes», una expresión que los denunciantes atribuyen al presidente Gustavo Petro.

Las pruebas documentales muestran cómo Verónica Guerrero gestionó un proyecto de acueducto en el departamento del Cesar mediante enlaces con el entonces viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Libreros. Los chats de WhatsApp no solo contienen mensajes sobre la liberación de recursos presupuestales y reuniones oficiales, sino también comprobantes de pago y consignaciones a cuentas personales de las hermanas. Un empresario testigo declaró bajo reserva: «Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio», revelando la escala del presunto esquema.

«Los documentos y testimonios que se publicaron contra las hermanas Guerrero son muy delicados. La justicia debe investigar qué delitos pueden configurarse»

Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD

Mientras la Fiscalía ya ha radicado un escrito de acusación contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad ideológica, esta aún integra el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar como representante del Gobierno nacional, una situación que añade más controversia al caso. Los chats revelan además la angustia por los retrasos en trámites del Ministerio de Hacienda y la exigencia de mantener el flujo de recursos, evidenciando una red que, según Carrillo, no puede quedar en la impunidad y debe ser desmantelada por completo por las autoridades competentes.

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