La elección del próximo contralor general de la República, que definirá al vigilante de más de 2.000 billones de pesos en recursos públicos durante el período 2024-2028, se encuentra en vilo ante dos demandas presentadas ante el Consejo de Estado que podrían suspender el proceso antes de la votación prevista para el 12 de agosto. Mientras el Congreso se prepara para elegir entre una lista de diez finalistas, cuatro aspirantes concentran la puja política sin que ninguna coalición tenga asegurados los 165 votos requeridos en la plenaria conjunta de Senado y Cámara. Los cuestionamientos legales, presentados por Julio César Castañeda Acosta y Lina Sofía Restrepo Noriega, ponen en jaque la convocatoria y los criterios de evaluación utilizados por la mesa directiva del Congreso, en un clima de transición política marcado por la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia y la instalación de un nuevo Congreso.
Las demandas, que ya están en manos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, deberán ser resueltas antes de la fecha clave. La primera de ellas, radicada por Castañeda, cuestiona que la Mesa Directiva del Congreso modificó aspectos de la Ley 1904 de 2018 y creó condiciones no autorizadas durante el proceso de selección. La segunda, presentada por Restrepo, pide dejar sin efecto varias decisiones del proceso. El antecedente inmediato no es alentador para quienes esperan una elección rápida: el Consejo de Estado ya rechazó un primer proyecto de medida cautelar, presentado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, por tres votos contra uno. El expediente pasó al despacho de la magistrada Gloria Gómez, quien debe presentar una nueva propuesta que podría incluir la suspensión del proceso si encuentra méritos en los argumentos de los demandantes.
Los cuatro aspirantes que concentran la puja
En medio de la incertidumbre jurídica, la disputa política se ha centrado en cuatro nombres que representan diferentes corrientes dentro del espectro parlamentario. Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor, tiene cercanía con el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y cuenta con respaldo de sectores del Pacto Histórico, aunque su vínculo con el contralor saliente genera resistencias. Andrés Castro, personero de Bogotá, es apoyado por el procurador Gregorio Eljach, lo que ha desatado críticas de parlamentarios que consideran que designarlo sería una forma de entregar el control de la Contraloría a otro poder del Estado. “Sería entregarle también la Contraloría”, señaló un parlamentario anónimo citado por la revista Cambio, reflejando la tensión en los pasillos del Capitolio.
Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, cuenta con apoyos de los congresistas Lidio García y Simón Gaviria, mientras que Ana Elena Monsalvo, excontralora delegada, tendría el guiño del gobierno entrante, aunque su paso por la administración anterior genera reservas entre algunos sectores. Los otros seis aspirantes en la lista de elegibles son Julián Mauricio Ruiz, Diana Carolina Torres, Luis Enrique Abadía García —quien ocupó el primer lugar en el ranking consolidado—, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Herrera, pero hasta ahora ninguno ha logrado capitalizar apoyos suficientes para asegurar la mayoría requerida.
“No buscan intervenir en el proceso, que solo quieren que llegue alguien bueno y que no necesitan ‘órganos de control de bolsillo’”
Rodrigo Lara, ministro del Interior designado
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, intentó calmar los ánimos al asegurar que el nuevo gobierno no busca intervenir en la elección, sino que aspira a que el Congreso seleccione a un funcionario idóneo y que no se necesitan “órganos de control de bolsillo”. Sin embargo, el clima político es tenso, como lo evidenció la reciente elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, donde partidos de distintas orillas actuaron juntos para cerrar el paso al candidato del nuevo Ejecutivo. Si el Consejo de Estado suspende el proceso, el gobierno entrante promovería nombres como Rodolfo Zea, exministro de Agricultura de Iván Duque, y Pablo Márquez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en una nueva convocatoria que retrasaría la vigilancia de los recursos públicos en un momento fiscal crítico para el país.
