Un nuevo escándalo de corrupción que salpica a funcionarios del Gobierno Nacional ha desatado un fuerte cruce de acusaciones entre las congresistas Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank del Pacto Histórico, y Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso. El enfrentamiento se produjo en la red social X después de que la revista Semana revelara detalles de una presunta red de cobros ilegales liderada por la exfuncionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, y su hermana Verónica Guerrero, quienes habrían exigido millonarias sumas a empresarios a cambio de gestionar contratos estatales.
La controversia estalló cuando Omaña publicó un mensaje en el que cuestionaba a la oposición por no pronunciarse sobre la captura del padre del senador Alfredo Deluque, al tiempo que destacaba que los sectores progresistas sí se habían manifestado contra la red de las hermanas Guerrero. “La diferencia entre la izquierda y la derecha, es que muchos progresistas nos hemos pronunciado sobre el caso de Juliana Guerrero, pero no he visto una sola publicación de la derecha sobre la captura al padre del senador Deluque”, escribió la senadora del Pacto Histórico. La respuesta de Pedraza no se hizo esperar y fue contundente: la acusó de hipocresía y le recordó que en el pasado la había tildado de “obsesiva” por denunciar precisamente el mismo caso de corrupción.
El antecedente de las denuncias y la defensa de Omaña
Jennifer Pedraza no solo replicó el mensaje de Omaña, sino que exhibió publicaciones anteriores de la senadora del Pacto Histórico en las que minimizaba las denuncias contra Juliana Guerrero. “No sea descarada que usted me tildó de ‘obsesiva’ por denunciar la corrupción de Juliana Guerrero y su clan. Los petristas me dijeron racista, machista y loca por insistir en lo grave de este caso. Ahora no venga a lavarse las manos. Usted sí se pronunció, pero para minimizar las denuncias y defender al clan Guerrero”, escribió Pedraza. La congresista de Dignidad y Compromiso reveló además que Omaña había publicado al menos 14 videos sobre Juliana Guerrero en los últimos meses, una cifra que, según ella, demuestra la inconsistencia de su postura actual.
La investigación de Semana, publicada recientemente, detalla que las hermanas Guerrero habrían montado una estructura de cobros ilegales que operaba entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025. Según los testimonios, chats, audios, tiquetes aéreos y consignaciones recopilados por la revista, la red cobraba tarifas de un millón de pesos por cada reunión gestionada, un anticipo de 200 millones de pesos y comisiones del 10% sobre el valor de los proyectos adjudicados. Las gestiones ofrecidas incluían contratos en los Ministerios de Vivienda y del Interior, así como en entidades como Fiduagraria S. A., el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente. Los empresarios denunciantes, cuyas identidades no fueron reveladas, aseguraron que las hermanas ofrecían proyectos de cámaras de seguridad, acueductos en el Cesar y mejoramientos de vivienda, además de reuniones con alcaldes y funcionarios.
“Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”
Empresario denunciante, citado por Semana
El mecanismo de la presunta red, según la investigación, funcionaba de la siguiente manera: Juliana Guerrero gestionaba los contratos ante el Gobierno, mientras que su hermana Verónica mantenía el contacto directo con los empresarios. Un tercer implicado, David Trespalacios, era el encargado de recibir el dinero. Un empresario denunciante habría pagado 53 millones de pesos en efectivo y consignaciones. También se menciona un audio en el que Juliana Guerrero aceptó ayudar a la Gobernación del Cesar y a Jorge Barros.
La reacción del presidente Petro y el trasfondo político
El escándalo ha puesto en el centro del debate la postura del Gobierno frente a la corrupción. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso y pidió denunciar a los empresarios que intentaron «corromper» a las hermanas Guerrero, además de exigir que devuelvan el dinero si lo recibieron. En su mensaje, el mandatario aseguró que su administración ha «construido barreras» contra la corrupción. Sin embargo, las revelaciones de Semana han avivado las críticas tanto desde la oposición como desde sectores de la misma izquierda, que ven en este caso un síntoma de las falencias del Gobierno para controlar a sus funcionarios.
Mientras tanto, el rifirrafe entre Omaña y Pedraza refleja las tensiones internas que ha generado el caso. La senadora Amaranta Hank, en su publicación anterior citada por Pedraza, había dicho: “A @Jennifer Pedraz no le importan ni los estudiantes ni las mujeres, solo alimentar su obsesión hacia Juliana Guerrero. En los últimos meses ha publicado 14 videos sobre Juliana, que sí, hizo las cosas al revés, pero ya fue apartada de su cargo”. Ahora, con la nueva evidencia, Pedraza exige coherencia y que se investigue a fondo a todos los implicados, más allá de las disputas partidistas.
La captura de Hernando Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, condenado por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fue el contraste que Omaña utilizó para señalar a la derecha. Pero la respuesta de Pedraza dejó en evidencia que, para ella, el verdadero problema es la doble moral de quienes hoy se rasgan las vestiduras después de haber defendido o minimizado el caso Guerrero. La polémica promete continuar mientras las autoridades avancen en las investigaciones y el país espera que la justicia aclare si realmente existió una red de corrupción operando desde el corazón del Ejecutivo.
