Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República busca transformar la forma en que se aplican las sanciones económicas en las propiedades horizontales de todo el país. Se trata del proyecto 122 de 2024, una iniciativa que propone modificar la Ley 675 de 2001, el estatuto que rige la convivencia en edificios y conjuntos residenciales, con el objetivo de poner límites claros a las multas por inasistencia a las asambleas de copropietarios, así como fortalecer la validez jurídica de las asambleas virtuales y mixtas.
El trámite legislativo de esta propuesta, que aún no tiene fecha de aprobación y continúa su debate en Senado y Cámara de Representantes, responde a una necesidad creciente de adaptar las normas de propiedad horizontal a las dinámicas laborales, familiares y de movilidad de los colombianos. La iniciativa no elimina el deber de participación en la copropiedad, pero sí busca evitar sanciones desproporcionadas y cargas excesivas para los copropietarios, estableciendo criterios de proporcionalidad, topes económicos precisos y garantías de debido proceso.
Multas más justas y causales justificadas
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las sanciones económicas por no asistir a una asamblea ya no podrán ser fijadas de manera arbitraria por los reglamentos internos. La propuesta establece que las multas deberán sujetarse a topes claros y a un procedimiento que garantice el derecho a la defensa. Además, se incorpora la posibilidad de que los copropietarios justifiquen su ausencia con razones válidas, conocidas como causales justificadas, lo que impediría que se impongan cobros excesivos o sanciones automáticas sin revisión.
La magnitud del impacto de esta reforma se puede dimensionar con cifras de Bogotá, que sirven como ejemplo de la realidad nacional. Según datos de la Secretaría de Gobierno de la capital, en la ciudad hay 20.700 propiedades horizontales inscritas, y cerca del 70% de los casi 3 millones de predios totales de Bogotá están bajo el régimen de copropiedad residencial. Esto significa que millones de personas podrían verse beneficiadas por reglas más equitativas en la administración de sus conjuntos y edificios.
Asambleas virtuales y mixtas con respaldo jurídico
Otro aspecto clave del proyecto 122 de 2024 es el reconocimiento expreso de las asambleas virtuales y mixtas como mecanismos válidos para la toma de decisiones. Actualmente, el uso de plataformas digitales para realizar reuniones de copropietarios genera conflictos sobre la validez de las actas y las decisiones tomadas por medios electrónicos. La iniciativa busca resolver esta incertidumbre jurídica, dando plena validez a las deliberaciones y votaciones realizadas en entornos virtuales o híbridos, siempre que se cumplan con las garantías de transparencia y participación establecidas.
De aprobarse, la reforma cambiaría las reglas del juego para administradores, consejos de administración y residentes, al establecer un marco más claro y equilibrado. El proyecto continúa su curso en el Congreso, y su eventual aprobación representaría una actualización significativa de la Ley 675 de 2001, adaptándola a las necesidades de una sociedad cada vez más digital y con ritmos de vida diversos.
