Comunidades indígenas de la Alta Guajira han denunciado que miles de niños quedaron sin acceso a alimentación mientras una asociación vinculada al clan Wouyurí Valbuena mantiene el control de los mayores contratos del ICBF en la región, en medio de acusaciones de uso político de las ayudas. La denuncia, recogida por líderes comunitarios como Yelice García, María González y Ronaire González, señala que la entrega de alimentos se ha convertido en una herramienta de control político para respaldar el liderazgo de la familia Valbuena y la creación de la Entidad Territorial Indígena (ETI) Wuinpumüin, que administra recursos sin intermediación de la Alcaldía ni la Gobernación.
La ETI Wuinpumüin, que abarca más de 250 mil hectáreas y nueve corregimientos como Taroa, Guarepá, Tahuaira y Manaure, está controlada por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, hermano de Armando Wouyurí Valbuena, uno de los promotores de la constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta entidad exige avales firmados por Custodio Valbuena para permitir la entrada de operadores a las comunidades, y un grupo de WhatsApp denominado “OPERADORES 2026” coordina directrices omitiendo los protocolos de consulta ancestral, según las denuncias.
Miles de menores sin atención
Las cifras son alarmantes. Yelice García reporta 3.000 menores sin cobertura en su zona, mientras que María González afirma que 1.200 niños están afectados y Ronaire González eleva la cifra a 1.400. En total, más de 5.000 niños en Taroa, Guarepá y Tahuaira no reciben alimentación. “Desde que tengo uso de razón, siempre ha existido una problemática de hambre en la Alta Guajira, pero hoy en día no se la estamos dando a los niños de las comunidades que se oponen al proyecto político de la ETI”, declaró Yelice García al diario El Colombiano. Por su parte, María González expresó: “A nosotros no nos han dado nada. Mis hijos no reciben alimentación desde hace seis o siete meses. A nosotros nos bloquearon”. Ronaire González fue contundente: “Hay 1.400 niños sin alimentación. Nos tienen bloqueados”.
La Asociación Wayúu Araurayu, cuyo representante legal suplente es Custodio Valbuena, ha recibido más de 20.000 millones de pesos en contratos entre 2023 y 2026. Uno de los contratos específicos, firmado el 16 de febrero de 2026 por 409 millones de pesos, ya recibió tres desembolsos por un total de 180 millones. Sin embargo, el ICBF aplicó un descuento de 22 millones de pesos al admitir que no se ejecutó el servicio de agua potable y que la atención comenzó tarde. La supervisión estuvo a cargo de la funcionaria Gloria María Barliza Uriana, quien emitió informes positivos basados en fotos y listados digitales, sin corroborar las denuncias de incumplimientos.
“Son problemas que vienen de tiempo atrás, desde la misma política de Estado que desde hace 30 años no se ha podido. No podría darle detalles de cómo esa asociación viene manejando los recursos, pero sí sé que hace rato eso se viene presentando”.
Custodio Valbuena, representante legal suplente de la Asociación Wayúu Araurayu
Los recursos proyectados para la ETI Wuinpumüin durante 2026 ascienden a 64.512 millones de pesos. Las denunciantes afirman que la imposición de un “mando unificado” viola la autonomía tradicional de los clanes wayúu, mientras que el ICBF y su directora, Astrid Cáceres, son acusados de priorizar decretos administrativos sobre la autonomía indígena. Custodio Valbuena, consultado por las acusaciones, negó la participación de su hermana Taidé en la administración de la Asociación Wayúu Araurayu, aunque admitió que los problemas vienen de tiempo atrás. La situación continúa generando tensión en la región, donde la supervivencia de miles de niños depende de la transparencia en la entrega de ayudas alimentarias.
