El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del recién posesionado ministro de Justicia, Iván Cancino, ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan para transformar el sistema de justicia penal en Colombia. Se trata de un paquete que integra 15 directrices estratégicas, concebido desde el inicio de la gestión del ministro Cancino, quien lideró el empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y la entrante. El plan, detallado por fuentes de alto nivel del Gobierno y miembros del equipo de transición a Infobae Colombia, busca desplazar el eje de la discusión de reforma desde los órganos técnicos hacia el centro del poder político: el Ejecutivo.
Entre las medidas más destacadas de esta hoja de ruta figura la eliminación de la audiencia de imputación de cargos, una reestructuración profunda de la judicatura y una reducción significativa de la intervención del Ministerio Público en los procesos. La iniciativa, que surgió de borradores técnicos y se consolidó como una directriz política, tiene como objetivo principal agilizar un sistema penal que se encuentra saturado, fortalecer la imparcialidad de los procesos y optimizar los recursos del Estado. Un ejemplo concreto de este enfoque es la propuesta para delitos contra el patrimonio, donde las medidas no privativas de la libertad solo se concederían si el procesado garantiza al menos el 50% de la pretensión económica que maneja la Fiscalía.
Reestructuración y nuevos órganos de control
El paquete de 15 reformas no solo apunta a la celeridad procesal, sino que también contempla la creación de nuevas entidades de control. Se propone la creación de un órgano específico para investigar a los propios administradores de justicia, una medida que busca reforzar la transparencia. Asimismo, se modificarán los comités asesores de política criminal y se establecerá una veeduría crítica sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En paralelo, el plan incluye una estrategia para reubicar al personal del Ministerio Público en áreas de alta prioridad social, como la defensa de comunidades vulnerables, y se garantizará el fortalecimiento institucional y financiero de la Defensoría del Pueblo.
Para contrarrestar la saturación del sistema carcelario y agilizar los procesos, el Gobierno de la Espriella propone fortalecer los preacuerdos judiciales, pero bajo estrictos criterios de proporcionalidad. También se ampliará la cobertura de las Casas de Justicia y se potenciarán los mecanismos de justicia restaurativa como alternativas al proceso penal tradicional. En materia de lucha contra el crimen organizado, se desplegará una estrategia interinstitucional contra el lavado de activos. Fuentes del equipo de transición indicaron que el plan se completa con el objetivo de establecer un diálogo fluido y constante con las altas cortes del país, un elemento clave para la viabilidad de las ambiciosas reformas que Iván Cancino deberá comenzar a implementar desde su primer día de gestión.
