El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo 26 de julio de 2026 el cierre de 17 embajadas y cerca de 15 consulados como parte de un plan de austeridad del gobierno que asumirá el 7 de agosto. La medida, presentada como un recorte drástico a la estructura diplomática, ha generado un intenso debate sobre su real impacto fiscal, pues el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana cuestiona el ahorro potencial al representar la Cancillería apenas el 0,13% del Presupuesto General de la Nación. «No podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país», argumentó De la Espriella al justificar la decisión, que incluye además la unificación de las misiones ante Francia y la Unesco, e Italia y la FAO, así como el desistimiento de la apertura de la embajada en Palestina.
Las sedes diplomáticas que serán clausuradas se encuentran en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Senegal, Sudáfrica y Rumania, entre otras. La información de rendición de cuentas de estas embajadas para el periodo 2024-2025 es fragmentaria, pues solo ocho de las catorce mencionadas cuentan con informe, y únicamente la sede en Argelia registra la cifra completa de presupuesto asignado y ejecutado. El reparto de recursos entre las distintas sedes no es uniforme, pues ciudades con mayor población colombiana como Madrid o Miami reciben asignaciones significativamente mayores que otras delegaciones.
El bajo impacto fiscal frente a los costos del cierre
El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, citando un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que «todas las embajadas, la cancillería y el resto del gasto de la Nación en relaciones exteriores representan el 0,35% del Presupuesto General de la Nación. El gasto no se va a reducir significativamente cerrando embajadas, ya que este se concentra en otros rubros». El presupuesto del sector Relaciones Exteriores para 2026 asciende a 1,9 billones de pesos dentro de un PGN de 546 billones, mientras que el presupuesto directo de la Cancillería es de 709.000 millones de pesos. Este análisis pone en duda la efectividad de la medida como herramienta de austeridad fiscal, pues los ahorros serían marginales en el contexto del gasto público total.
Los sindicatos diplomáticos han alzado su voz de protesta. Andrés Ordóñez Buitrago, presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), advirtió que «no se puede mirar solamente el gasto de funcionamiento, sino también cuál es el gasto de cerrar las embajadas, porque ya hay unos compromisos que, si se incumplen, pueden generar costos y los traslados de funcionarios también van a implicar un costo». Ordóñez Buitrago también afirmó que el servicio exterior colombiano es austero en comparación con el de países como Perú o Chile, lo que refuerza la controversia sobre la pertinencia del recorte.
«No podemos mantener una estructura tan costosa, que no produce resultados concretos para el país»
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
La decisión del presidente electo evoca antecedentes en la política exterior colombiana. Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, Colombia cerró varias embajadas en Asia-Pacífico y Europa que luego debieron reabrirse por la importancia de mantener presencia diplomática en esas regiones. Frente a este escenario, la Asociación de Diplomáticos Colombianos (Asodiplo), presidida por Mauricio Cuervo, prepara un documento con alternativas de reducción de gasto para presentarlo a la administración entrante, buscando que la austeridad no sacrifique la capacidad de Colombia para proyectarse internacionalmente en un momento donde las relaciones bilaterales son clave para la economía y la seguridad del país.
