El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por el concejal de Bogotá, Marco Acosta, que busca anular la Resolución 813 de 2026 del Ministerio de Salud, mediante la cual se reglamentan los procedimientos de eutanasia y adecuación de esfuerzos terapéuticos en Colombia. La admisión fue dispuesta por el magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, de la Sección Primera del alto tribunal, mediante un auto admisorio fechado el 21 de julio de 2026, en el que se declaró que la acción judicial cumple con los requisitos legales para iniciar el estudio de fondo del caso.
La resolución cuestionada fue expedida por la cartera de Salud el 28 de abril de 2026, y el demandante sostiene que, al regular un derecho fundamental como el de morir dignamente, el Ministerio habría excedido sus facultades legales. Según la argumentación presentada, la materia debió ser desarrollada a través de una ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República, y no mediante un acto administrativo del Ejecutivo. “Acudimos a la justicia porque ninguna entidad del Ejecutivo puede sustituir al legislador ni modificar el alcance de derechos fundamentales mediante una resolución administrativa”, afirmó Marco Acosta.
El concejal reiteró su confianza en el proceso judicial al declarar: “Confiamos en que el Consejo de Estado realice un estudio riguroso que garantice el respeto por la Constitución, el Estado de Derecho y la protección de la vida”. La admisión de la demanda no implica una decisión sobre el fondo del asunto ni suspende automáticamente los efectos de la resolución; simplemente da inicio al proceso judicial. En esta etapa, el Ministerio de Salud tendrá la oportunidad de presentar su defensa y argumentar la legalidad de la norma, mientras el alto tribunal adelanta el análisis jurídico para determinar si el acto administrativo se ajusta al ordenamiento constitucional.
