El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar que había solicitado la Procuraduría General de la Nación para suspender los pagos derivados del convenio de pasaportes suscrito entre Colombia y Portugal, y el presidente Gustavo Petro celebró la decisión a través de su cuenta en la red social X, asegurando que fracasó un nuevo intento de devolver el contrato a los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons. El fallo, emitido por el magistrado José Élver Muñoz Barrera, no encontró pruebas de un perjuicio económico inminente y advirtió que frenar los desembolsos pondría en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, un derecho directamente vinculado a la libre circulación de los ciudadanos.
El convenio, firmado el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional de Portugal, establece la producción de pasaportes bajo un nuevo modelo que busca reemplazar el esquema que durante más de 16 años estuvo en manos de Thomas Greg & Sons. La Procuraduría argumentó que el proceso debió ser una licitación pública y no una contratación internacional entre entidades públicas, pero el tribunal consideró que las estimaciones de daño patrimonial presentadas por el organismo de control carecían de respaldo técnico y financiero, al basarse en comparaciones con contratos anteriores sin adjuntar estudios sólidos. Además, la providencia señaló que la suspensión de los pagos, contemplados en la cláusula 11.2 del convenio, obligaría al Estado a recurrir a una contratación por urgencia manifiesta, generando una situación de inestabilidad que afectaría directamente a los ciudadanos.
El respaldo del presidente Petro
En su mensaje en redes sociales, el presidente Petro destacó que bajo el nuevo modelo ya se han producido y entregado 330.000 pasaportes de alta calidad, y afirmó que el esfuerzo judicial por devolverle el contrato a los hermanos Bautista, a quienes vinculó con servicios electorales, ha vuelto a fracasar. La decisión judicial despeja el camino para que el Gobierno continúe ejecutando los recursos asignados al socio portugués, garantizando la continuidad del servicio y evitando una eventual crisis en la producción de pasaportes, como la que se vivió en 2023 cuando la Cancillería declaró desierta la licitación que por décadas manejó Thomas Greg & Sons, lo que derivó en una millonaria demanda contra el Estado.
«Llevamos ya 330.000 pasaportes producidos de alta calidad y entregados. El esfuerzo judicial por devolverle el contrato a los hermanos Bautista como pago por sus servicios electorales, ha vuelto a fracasar».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El tribunal también aclaró que el pago de las labores realizadas no es automático y estará sujeto a las verificaciones que realice el juez administrativo al momento de dictar sentencia definitiva sobre la validez del contrato. En la providencia se subrayó que la suspensión de los desembolsos podría comprometer de inmediato la meta de iniciar la prestación del servicio bajo el nuevo modelo, lo que obligaría a acudir a contrataciones de emergencia, afectando la estabilidad de un servicio público esencial. Este fallo representa un espaldarazo a la estrategia del Gobierno de trasladar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional, iniciativa que fue promovida por Alfredo Saade durante su paso como jefe de Despacho Presidencial, con el argumento de proteger datos biométricos y fortalecer la soberanía nacional.
«La suspensión de los desembolsos podría comprometer, de manera inmediata, la continuidad y la meta de iniciar la prestación del servicio de expedición de pasaportes bajo el nuevo modelo, lo que obligaría a acudir a contratar, seguramente, por urgencia manifiesta».
Documento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Con esta decisión, el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional pueden seguir ejecutando los recursos destinados al socio portugués, mientras el proceso judicial de fondo continúa su curso. La Procuraduría, que había solicitado la medida cautelar como una herramienta para evitar un presunto daño patrimonial, deberá esperar la sentencia definitiva para demostrar sus argumentos. Mientras tanto, el Gobierno celebra lo que considera un triunfo judicial que asegura la continuidad del nuevo modelo de pasaportes, en medio de una controversia que ha marcado la agenda política y administrativa del país desde 2023.
