Una explosión ocurrida en la mañana del pasado 29 de julio en la vereda El Piñal, zona rural del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, desató una tragedia que enluta a la comunidad. Una mujer, cuya identidad aún no ha sido establecida, perdió la vida tras manipular un artefacto explosivo al interior de una vivienda ubicada cerca del cementerio del sector conocido como El Doce, en el kilómetro 12 de la región. La detonación generó una onda expansiva que causó daños materiales en varias casas aledañas, aunque las autoridades no han precisado el número exacto de viviendas afectadas.
Según los primeros informes de la Policía de Tarazá y las Fuerzas Militares, la víctima presentaba lesiones severas en manos, pies y pecho, con amputación de extremidades. El deceso se produjo en el lugar de los hechos, y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal en el casco urbano de Tarazá para los procesos de identificación y necropsia. Aunque la manipulación directa del explosivo parece ser la causa inmediata, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y, por ahora, se abstienen de atribuir la responsabilidad a grupos armados ilegales, pese a que la zona registra una fuerte presencia de estos actores.
Contexto de violencia y desplazamiento forzado
La explosión en Tarazá se enmarca en un escenario de conflicto interno que azota al Bajo Cauca antioqueño. Días antes del estallido, enfrentamientos entre grupos armados ilegales provocaron el desplazamiento de once familias, equivalentes a veinte personas, de las veredas Tamí y Doradas. A esta crisis se suman otras 131 familias desplazadas del corregimiento Puerto López, en el municipio de El Bagre, elevando el total de familias forzadas a dejar sus hogares en la subregión a al menos 142 en los últimos días, según los reportes de las autoridades locales. El censo de afectados permanece abierto, por lo que la cifra podría aumentar.
Ante la emergencia humanitaria, la Gobernación de Antioquia activó una ruta de atención que incluye la entrega de kits de emergencia y la coordinación con los comités de justicia transicional. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de drones por parte de grupos armados para atacar a las comunidades, lo que agrava la ya crítica situación de seguridad en la zona. Para contener el escalamiento de la violencia, las Fuerzas Militares han reforzado su presencia en el corregimiento El Doce y desplegado más de 14 mil uniformados en las nueve subregiones de Antioquia.
