El Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de competencias que redefine la distribución de responsabilidades y recursos entre la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas. Esta iniciativa, que desarrolla normativamente la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones aprobada en 2024, busca organizar la descentralización y establecer las condiciones para que las regiones administren más recursos de forma gradual.
Según la información conocida, el nuevo esquema establece un periodo de transición de 12 años, durante el cual las transferencias del SGP pasarán del 29,5 % al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación. Los incrementos se realizarán en partes iguales cada año. El proyecto fue presentado después de que una primera versión, radicada en diciembre de 2025, no lograra avanzar en su trámite legislativo.
Dos componentes clave para la financiación territorial
La propuesta introduce dos componentes: el SGP Primario y el SGP Incremental. El primero mantiene la distribución sectorial tradicional: el 58,5 % se destinará a educación, el 24,5 % a salud, el 11,6 % a propósito general, el 5,4 % a agua potable y saneamiento básico, y un 4 % adicional para asignaciones especiales como el Fonpet, resguardos indígenas, el Programa de Alimentación Escolar y los municipios ribereños del río Magdalena. Por su parte, los recursos adicionales del SGP Incremental se distribuirán de la siguiente manera: el 1 % para resguardos indígenas, el 5 % para el Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales, y el saldo restante se dividirá en un 80 % para reducir brechas sociales, económicas e institucionales, y un 20 % para propósito general y desarrollo económico. De este último porcentaje, el 70 % irá a propósito general y el 30 % a desarrollo económico.
El proyecto establece que la Nación mantendrá la rectoría, regulación y seguimiento en sectores estratégicos como salud, educación y agua potable. Mientras tanto, los departamentos y municipios asumirán mayores funciones en la prestación de servicios, la ejecución de programas y el manejo de recursos. Las nuevas competencias se implementarán de forma gradual, garantizando que las entidades territoriales cuenten con la financiación necesaria para cumplir con sus responsabilidades.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca concretar la reforma constitucional al SGP aprobada en 2024, que definió el aumento paulatino de las transferencias. El proyecto de ley de competencias debe ahora surtir su trámite en el Congreso, donde se espera un debate profundo sobre la organización del nuevo esquema de descentralización y el impacto en las regiones, incluido el departamento de Caldas y sus municipios.
