La Aeronáutica Civil emitió un comunicado oficial en el que rechaza cualquier presunción de privilegios internos para sus funcionarios y anuncia la apertura de investigaciones ante las denuncias públicas realizadas por Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, quien señaló a Gabriela Muñoz, auxiliar de la entidad, de ejercer influencia indebida en decisiones clave y participación en reuniones de alto nivel. Muñoz, por su parte, rechazó categóricamente los señalamientos, los calificó como falsedades y actos de violencia basada en género, y anunció que acudirá a la justicia para que quienes difundieron esas afirmaciones respondan jurídicamente. La controversia se desató luego de que Rodríguez describiera una presunta red de mujeres con poder de decisión en varias instituciones públicas, lo que llevó al Ministerio de Transporte a criticar a la Aerocivil por un supuesto ocultamiento de documentos y procesos.
En su respuesta, la Aeronáutica Civil aseguró que ningún servidor público de la institución goza de privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización, y se comprometió a brindar plena y oportuna cooperación para la entrega de insumos requeridos por los organismos de control. La entidad anunció además una revisión exhaustiva de los procesos señalados y el fortalecimiento de sus mecanismos internos de acceso a la información y contratación pública. Como parte de su defensa, la Aerocivil destacó logros recientes: la aprobación del Conpes Aeroportuario, ahorros por 24.000 millones de pesos en servicios logísticos, la entrega de siete obras por un valor superior a los 111.500 millones de pesos, y el rescate de 597.000 fragmentos cerámicos en el proyecto «Lado Aire» en Santiago de Tolú, donde además se amplió la pista. Actualmente, la entidad tiene diez proyectos en marcha y avanza en la modernización de su red de radares.
Declaraciones y acciones legales
El tono de las respuestas evidenció la tensión entre las partes. Mientras la Aeronáutica Civil reiteró su compromiso con el rigor técnico y la transparencia, Gabriela Muñoz fue contundente al exigir pruebas y anunciar consecuencias legales.
«Rechazo de manera categórica las afirmaciones falsas que buscan desacreditarme mediante la mentira, la estigmatización y la violencia basada en género. Quien tenga pruebas de algún hecho ilícito, que las presente ante las autoridades competentes; quien no las tenga, deberá responder por las consecuencias jurídicas de difundir falsedades».
Gabriela Muñoz, funcionaria auxiliar de la Aeronáutica Civil
Por su parte, la entidad aeronáutica se desmarcó de cualquier acto que pueda interpretarse como protección interna y subrayó su disposición a colaborar con la justicia.
«Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización. Ante cualquier solicitud de las autoridades, la Entidad brindará su plena y oportuna cooperación para la entrega de los insumos requeridos».
Comunicado oficial de la Aeronáutica Civil
La controversia se enmarca en un contexto de mayores exigencias de transparencia en el sector público colombiano, donde las acusaciones de influencias y redes informales de poder generan debates sobre la idoneidad de los procesos de selección y contratación. La Aeronáutica Civil afirmó en su comunicado que seguirá trabajando con puertas abiertas y garantizando la seguridad operacional, mientras que el caso ahora está en manos de la justicia ordinaria, a la que Muñoz acudió para defender su nombre y su trayectoria laboral. La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, no ha presentado hasta el momento pruebas concretas que respalden sus denuncias, lo que añade incertidumbre sobre el desenlace de esta polémica que involucra a dos de las instituciones más visibles del Estado colombiano.
