El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, concluirá su gestión el próximo 30 de julio de 2026 en medio de un complejo entramado de investigaciones penales, sanciones electorales y embargos que tienen su origen en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa, quien retomó funciones el pasado 27 de julio tras una licencia, enfrenta imputaciones de la Fiscalía General de la Nación por presunta violación de topes electorales, una sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le impuso una multa cercana a los 6.000 millones de pesos en noviembre de 2025, y embargos derivados de deudas ligadas a ese proceso. A partir del 31 de julio, asumirá como presidente interino Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente, mientras la Junta Directiva de la petrolera inicia el proceso de selección de un nuevo presidente.
La salida de Roa se da bajo la presión de dos frentes judiciales. El primero es la imputación de la Fiscalía por los excesos de gastos de campaña, que según el ente acusador alcanzaron los 1.388 millones de pesos en primera vuelta y 276 millones en segunda. El segundo frente involucra la investigación por la compra del apartamento 901 en el edificio Entre Parques, en Bogotá, operación que, según las hipótesis de las autoridades, estaría atada a presunto tráfico de influencias vinculado a la empresa Gaxi S.A. E.S.P. y al expolicía Juan Guillermo Mancera, exdirectivo de Pacific Rubiales. Ecopetrol adjudicó a Gaxi un contrato de regasificación, y la transacción inmobiliaria ha despertado sospechas sobre posibles favorecimientos cruzados.
Escándalos paralelos y millonarios contratos
En medio de este panorama, también ha trascendido el contrato suscrito por Ecopetrol con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuyo valor original era de 875.000 dólares pero que mediante un otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024 se elevó a 5,8 millones de dólares. El objetivo del contrato era medir el impacto de los escándalos que rodean a la compañía, pero la ejecución incluyó la instrucción de retener información de altos ejecutivos, lo que derivó en la interceptación de comunicaciones de al menos 70 funcionarios de Ecopetrol, Hocol y Cenit, bajo el argumento de identificar a un «topo» que filtrada información. Entre los funcionarios señalados en la retención selectiva de información figuran Luis Alberto Zuleta, Rafael Ernesto Guzmán Ayala, Nicolás Azcuénaga Ramírez, Fabio Ortega, Alberto Enrique Consuegra, Elsa Jeanneth Jaimes y Germán González.
Otro de los escándalos que empañan la gestión de Roa es el pago de 42 millones de dólares en junio de 2024 por las plantas Termomorichal I y II, ubicadas en Campo Rubiales. Estas instalaciones debían transferirse sin costo desde 2016, tras la salida de Pacific Rubiales, pero Ecopetrol terminó pagando por ellas. El 49% de Termomorichal S.A.S. pertenece a Genser Power Inc., empresa registrada en Islas Vírgenes Británicas, cuyos beneficiarios reales incluyen a Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga, fundadores de Derwick Associates, firma venezolana acusada en Estados Unidos por sobornos por 2.900 millones de dólares en contratos con PDVSA. Convit está imputado y prófugo, mientras que Betancourt se encuentra detenido en Londres, donde tiene audiencia programada para el 5 de mayo de 2026. Un informe anterior de la consultora Control Risks, de marzo de 2024, ya había identificado a otros beneficiarios del Grupo Genser.
Cabe recordar que la sanción del CNE no constituye una condena penal y puede ser controvertida en la jurisdicción administrativa. No obstante, el caso ya fue trasladado a la Fiscalía, que mantiene abierta la investigación penal por la presunta violación de topes electorales. La salida de Roa ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de la petrolera estatal, mientras la Junta Directiva deberá ahora adelantar el proceso para nombrar al nuevo presidente que enfrente el desafío de restaurar la confianza en la compañía.
