La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, y la citó a indagatoria por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La decisión, adoptada en sesión ordinaria de la Sala Especial de Instrucción, se originó a raíz del fallo que la excongresista emitió a principios de junio de 2026, mediante el cual solicitó la suspensión del presidente Gustavo Petro como medida cautelar, basándose en el artículo 60 de la Ley 1952 de 2019, por una presunta participación indebida en política.
Según el expediente número 7525, el fallo de suspensión señalaba una vigencia hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde, fecha en la que estaba programada la primera vuelta presidencial, y establecía que el mandatario no recibiría remuneración durante ese periodo, además de ordenar la notificación a la Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Presidencia y a la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, la excongresista se retractó formalmente después, aclarando que no se habían adoptado decisiones en firme para garantizar el debido proceso.
Denuncia presidencial y evidencias recopiladas
La investigación cobró fuerza luego de que el presidente Gustavo Petro presentara una denuncia formal ante la Corte Suprema por lo que calificó como «presiones burocráticas que habrían derivado en extorsión». A partir de esa denuncia, el alto tribunal ordenó el 26 de junio de 2026 la inspección judicial y el sellamiento de la oficina de Arizabaleta en el Congreso de la República, donde se recopilaron copias de la información contenida en los computadores del despacho para determinar lo ocurrido con la resolución. Las evidencias recogidas, entre testimonios y documentos, motivaron la apertura formal del proceso y la citación a indagatoria, aunque la fecha de esta última no fue confirmada por la Corte.
«Presiones burocráticas que habrían derivado en extorsión»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Expertos en derecho penal han señalado que cualquier suspensión presidencial requiere la aprobación del Congreso de la República, y que la resolución inicial de Arizabaleta «no tenía efectos jurídicos inmediatos», según explicó el penalista Francisco Bernate. La Corte Suprema deberá ahora determinar si la excongresista actuó dentro de sus competencias o si, por el contrario, incurrió en los delitos que se le imputan, en un caso que ha generado gran expectativa política y jurídica en el país.
