La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre las graves demoras en la activación de las rutas de atención y los problemas de coordinación institucional que están afectando la respuesta del Estado frente a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Colombia. Durante el conversatorio “Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral”, organizado por la Corte Suprema de Justicia, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel Esparza, advirtió que estas fallas están retrasando las investigaciones y limitando el acceso efectivo a la justicia para los menores. Como respuesta, el Ministerio Público anunció la creación de una matriz de intervención que permitirá un seguimiento más riguroso y una vigilancia constante sobre las entidades competentes en cada región.
Las cifras presentadas en el evento, provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de Medicina Legal, dibujan un panorama crítico que exige una acción inmediata. Según datos del informe de empalme del ICBF, las atenciones a menores víctimas de violencias basadas en género pasaron de 476 en 2022 a 1.333 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 180 por ciento. En total, durante el cuatrienio se registraron 4.381 acompañamientos, y en el último año del periodo evaluado el ICBF atendió cerca de cuatro situaciones diarias por este tipo de violencias. De manera alarmante, Medicina Legal reportó que en el primer trimestre del año se realizaron 4.572 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, de los cuales el 75 por ciento correspondió a menores de edad. El desglose muestra que 2.047 de esas víctimas tenían entre 14 y 17 años, 960 entre 6 y 11 años y 449 eran niños y niñas de 0 a 5 años.
Nuevas dinámicas digitales y un llamado global
El conversatorio también puso sobre la mesa el impacto creciente de la violencia sexual facilitada por medios tecnológicos. Un dato revelador expuesto en el evento indicó que el 21 por ciento de los adolescentes usuarios de internet en Colombia fueron víctimas de abuso o explotación sexual en plataformas digitales. Esta realidad se enmarca en una problemática de dimensiones internacionales: según la Unicef, una de cada ocho niñas y mujeres en el mundo sufrió violación o abuso sexual antes de cumplir los 18 años. La funcionaria Rangel Esparza subrayó que garantizar la protección de los derechos y la dignidad de las víctimas debe ser una prioridad para todas las instituciones, y advirtió que las fallas de coordinación “retrasan las investigaciones, afectan el acceso efectivo a la justicia y limitan la implementación de las políticas de prevención y protección en diferentes regiones del país”.
Frente a este escenario, la Procuraduría no solo elevó la voz de alerta, sino que asumió un compromiso concreto: la implementación de una matriz de intervención para fortalecer el seguimiento a cada caso y la vigilancia sobre las entidades que tienen la responsabilidad de activar las rutas de atención. El ICBF, por su parte, aclaró que los datos de atenciones presentados no corresponden a casos confirmados, sino a intervenciones realizadas, lo que refleja una alta demanda de acompañamiento que desborda la capacidad actual del sistema. La advertencia de la Procuraduría se suma a la de otras instituciones que han señalado que, sin una articulación efectiva entre los niveles nacional y territorial, las políticas de prevención y protección seguirán siendo insuficientes para detener la violencia que día a día sufren los menores en el país.
