El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, entregó a las familias de Jaime Garzón y Pedro Julio Movilla los archivos desclasificados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en un acto que se realizó frente a la Casa de Nariño en Bogotá. Originalmente programada para el 19 de junio, la ceremonia se concretó el 30 de julio, luego de ajustes en la agenda presidencial. Los documentos, que habían sido previamente digitalizados y consolidados en un único archivo, quedaron guardados para futuras consultas, con el objetivo de aportar a la verdad sobre el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, y la desaparición del dirigente sindical Pedro Julio Movilla, en 1993. Ambos casos han estado marcados por señalamientos de participación estatal, y la entrega busca contribuir a la memoria histórica y la no repetición de estos hechos.
Jaime Garzón, reconocido por su crítica social y su humor incisivo, fue asesinado en Bogotá. La justicia responsabilizó al entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, pero investigaciones posteriores señalaron la participación de funcionarios del Estado, como el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez. Por su parte, Pedro Julio Movilla, militante del Partido Comunista y líder sindical, fue desaparecido en 1993 tras sufrir hostigamientos y seguimientos por parte de organismos de seguridad. Su hijo, José Antonio Movilla, ha dedicado décadas a buscar justicia, y el Estado colombiano ya ha sido condenado por este crimen. Durante la ceremonia, que incluyó la narración de la historia de la familia Movilla, José Antonio relató el sufrimiento vivido: «Fuimos desplazados en dos ocasiones. La primera a Medellín, intentamos regresar y nos tocó volver a salir de Montería, llegamos a Bogotá en 1988 y a él lo desaparecen en 1993».
Las voces de las víctimas
José Antonio Movilla describió el contexto de violencia que rodeó la desaparición de su padre, vinculándolo a una política de Estado. «Había una guerra sucia por parte de terceros, era una cuestión que se volvió una política de Estado. En los 80 eliminaron a dos candidatos presidenciales de la UP. En ese estatuto de seguridad se prohibían las reuniones de más de tres personas, en una de esas reuniones a mi padre lo detienen durante tres semanas, desde eso se le catalogó como un objetivo», afirmó. Además, subrayó la necesidad de que el país conozca estos hechos para evitar que se repitan: «Hay cosas que son inasumibles para la nación. Es justo que el país lo conozca para que se establezca una acción de no repetición, que las fuerzas del Estado deben defender a la sociedad colombiana. Los derechos de las personas no pueden ser violados por ninguna razón».
«Poco a poco, partes de la historia colombiana se develan, a veces llegan demasiado tarde, para que una memoria quede en la sociedad, esa memoria de la sociedad puede ser que en generaciones futuras no se repitan los hechos, los cuales son objetos de los archivos que se entregan a la opinión pública»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
La entrega de estos archivos se enmarca en el compromiso del gobierno de Gustavo Petro con la verdad y la reparación a las víctimas. El presidente Petro destacó que, aunque estos documentos llegan tarde, sirven para construir una memoria colectiva que evite la repetición de las violaciones a los derechos humanos. La digitalización y consolidación de los archivos permiten que las familias tengan acceso a toda la información que el Estado poseía sobre estos casos, en un paso hacia la justicia y el esclarecimiento de hechos que marcaron la historia reciente de Colombia.
