La secretaría general de la Cámara de Representantes, en cabeza de Miguel Ángel Sánchez, envió una solicitud formal a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que se asignen de manera inmediata esquemas de seguridad a los congresistas que aún carecen de ellos. La petición se produce tras el atentado con explosivos contra la vivienda del representante a la Cámara Luis Ariel Francisco Rodríguez, del Partido Liberal, ocurrido en la noche del miércoles 29 de julio en el sector La Floresta del municipio de Los Patios, Norte de Santander. En el momento del ataque, en la vivienda se encontraban la esposa y los hijos del congresista, aunque no se reportaron personas heridas. El documento está dirigido al director de la UNP, Augusto Rodríguez, y fue radicado diez días después de la posesión de los legisladores para el nuevo periodo, justo cuando la corporación se alista para la sesión de Congreso Pleno del próximo 7 de agosto de 2026 en Cali, donde se tomará juramento al presidente y vicepresidente electos.
La misiva, firmada por el secretario general, contiene cinco peticiones puntuales que buscan atender una situación que la Cámara califica como crítica. Entre ellas, se exige adelantar de manera urgente los estudios de nivel de riesgo pendientes de los representantes que aún no cuentan con esquema de protección, asignar de inmediato dichos esquemas priorizando a los congresistas de regiones con mayor exposición al riesgo, y revisar y reforzar con carácter prioritario el esquema de seguridad del representante Ariel Rodríguez y su núcleo familiar. Sánchez también solicita un informe detallado sobre el estado actual de todas las solicitudes de protección elevadas por los miembros de la corporación y, de manera transversal, pide garantizar que los esquemas asignados o por asignar aseguren las condiciones necesarias para el ejercicio de las funciones legislativas en todo el territorio nacional.
“Un hecho que no es aislado”
En el comunicado, el secretario general Miguel Ángel Sánchez fue enfático al señalar que el atentado contra la vivienda del congresista liberal evidencia un deterioro en las garantías para los parlamentarios en las regiones. “Este atentado no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto nacional de creciente riesgo para quienes ejercen la función legislativa. En este escenario, resulta inaceptable que existan representantes a la Cámara que, pese a estar expuestos a niveles de riesgo comparables o superiores, aún no cuenten con esquema de protección asignado, o cuenten con esquemas insuficientes frente al nivel de amenaza que enfrentan”, puntualizó Sánchez. El organismo legislativo recordó que la integridad física de los representantes es una condición indispensable para el normal desarrollo de las sesiones plenarias y las comisiones constitucionales, y que la seguridad debe ser una garantía para el ejercicio libre e independiente de la función legislativa.
“Garantizar, con carácter urgente, que los esquemas de protección asignados o por asignar garanticen las condiciones de seguridad para el ejercicio de sus funciones legislativas en todo el territorio nacional, con especial atención a las que deberán implementarse con razón de la sesión de Congreso Pleno el próximo 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Santiago de Cali, para la toma de juramento al Presidente y Vicepresidente de la República electos”
Miguel Ángel Sánchez, secretario general de la Cámara de Representantes
La solicitud también incluye la revisión del entorno familiar del representante atacado, con el objetivo de extender medidas preventivas mientras avanzan las investigaciones judiciales. Aunque el documento no detalla el número exacto de congresistas que estarían desprotegidos, la secretaría general advierte que la falta de esquemas de seguridad en regiones con problemas de orden público representa un riesgo inminente. La UNP deberá responder a este requerimiento, que tiene como telón de fondo la necesidad de blindar a los legisladores de cara a la próxima sesión del Congreso Pleno en Cali, un evento de alta exposición política y mediática.
