La designación de María Carolina Restrepo como nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha reavivado un encendido debate nacional, luego de que se hicieran virales unas declaraciones suyas en las que aboga por que los menores de entre 14 y 18 años que cometen delitos sean juzgados y condenados como adultos. La abogada bogotana, nombrada por el presidente electo Abelardo de la Espriella y quien asumirá la dirección de la entidad encargada de la protección integral de la infancia, publicó el pasado 27 de agosto de 2025 un contundente hilo en su cuenta de la red social X, donde critica el actual Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y lo califica de obsoleto. Su postura, expresada a raíz de la sanción impuesta al menor que asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha generado controversia sobre el enfoque que podría imprimirle a su gestión en uno de los cargos más sensibles del nuevo gobierno.
En su publicación, Restrepo fue enfática al señalar que el marco legal colombiano para menores infractores se quedó anclado en el siglo pasado y no responde a la realidad actual. “Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es”, escribió la nueva funcionaria, quien antes de este nombramiento se desempeñó como jefa de debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo y formó parte del equipo de empalme del nuevo gobierno. Para la directora designada, los adolescentes de hoy no son los de hace tres décadas: “Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos”, argumentó en su cuenta oficial.
¿Un giro en la política de menores?
La postura de Restrepo choca de frente con los principios del SRPA, un sistema de carácter restaurativo y de reintegración social, basado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución colombiana, que establece sanciones socioeducativas para menores de 14 a 18 años, no penas de prisión convencionales. Actualmente, la sanción máxima que puede recibir un menor en Colombia por un delito de homicidio es de 84 meses, una cifra que la nueva directora del Icbf considera simbólica e insuficiente. “Hoy los grupos criminales saben que el sistema los protege y por eso usan menores como carne de cañón. El mensaje es devastador: matar a un senador y precandidato presidencial cuesta apenas 84 meses. Ni la vida de Miguel Uribe Turbay ni el dolor de su familia se equiparan con semejante sanción simbólica”, sostuvo en su hilo en X.
“El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias”
María Carolina Restrepo, directora designada del Icbf
A pesar de la fuerza de sus declaraciones, Restrepo no tiene facultades para modificar la ley penal, pues el Icbf es la entidad encargada de la protección integral de la infancia, incluyendo a los menores que han cometido delitos y requieren restablecimiento de derechos, no de dictar sentencias. Sin embargo, su nombramiento ha reabierto el debate nacional sobre el tratamiento penal de los adolescentes y ha puesto en el centro de la discusión si su postura personal marcará un nuevo enfoque en la política de menores del gobierno entrante. La abogada, con experiencia en derecho empresarial, fiscal y tributario, ha señalado que entre los objetivos de su gestión están garantizar la contratación transparente, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar los procesos de adopción y, ante todo, asegurar la protección integral de la infancia, aunque queda por verse cómo conciliará esa misión con su firme convicción de que los adolescentes que delinquen deben ser tratados como adultos. El debate, mientras tanto, sigue abierto y promete marcar los primeros meses de su gestión al frente del Icbf.
