El próximo gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá una de las herencias fiscales más pesadas de la historia reciente de Colombia. El saldo de vigencias futuras autorizadas por la administración de Gustavo Petro alcanzó un récord de 255 billones de pesos, lo que obligará al nuevo mandatario a destinar en promedio 25 billones de pesos anuales durante su cuatrienio para cubrir compromisos adquiridos que no fueron financiados dentro del presupuesto de la actual administración. Así lo revela el más reciente análisis del equipo de Sectores y Sostenibilidad de Corficolombiana, liderado por el analista Andrés Gallego, quien advierte que esta presión fiscal equivale a 0,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) por año, es decir, 1,2 por ciento del PIB total, muy por encima de la senda prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025.
Las vigencias futuras son autorizaciones presupuestales que permiten al Estado comprometer recursos de años posteriores para financiar proyectos que tardan más de un año en terminarse, y existen dos modalidades principales: ordinarias y excepcionales, a las que se suman las destinadas a Asociaciones Público Privadas (APP) reguladas por la Ley 1508 de 2012. En el último año del gobierno Petro, se autorizaron más de 80 billones de pesos para más de 50 nuevos proyectos de inversión, y cerca del 40 por ciento de ese monto —unos 33 billones— deberá pagarse entre 2027 y 2030, justo durante los primeros años de la administración de la Espriella. Lo que resulta aún más llamativo es que el 63 por ciento de esas autorizaciones correspondió a vigencias excepcionales, que crecieron un 89 por ciento en 2026, mientras que las ordinarias cayeron un 55,1 por ciento y las de APP aumentaron un 9,7 por ciento.
Una factura sin precedentes para el próximo gobierno
Andrés Gallego, analista de Sectores y Sostenibilidad de Corficolombiana, fue contundente al calificar el momento: “Una factura, una factura que el próximo gobierno tendrá que pagar”. En su análisis, el experto subraya que, aunque la administración de Gustavo Petro no fue la que aprobó más recursos dentro de su propio presupuesto, sí se convirtió en la que más compromisos le dejó al siguiente gobierno. Este fenómeno se explica en parte porque la obra pública, que suele carecer del mismo rigor contractual, disciplina financiera y asignación explícita de riesgos que las APP, se ha vuelto más vulnerable a sobrecostos, retrasos y riesgos de corrupción, según señala el estudio de Corficolombiana.
Entre los proyectos que más pesan en esta herencia se destacan el programa Colombia Solar, con 7,2 billones de pesos en vigencias futuras, y el programa de mejoramiento de infraestructura de educación superior, que suma 5,9 billones de pesos. Sin embargo, el dato más preocupante para el próximo gobierno es que, del total de 82 billones de pesos autorizados en el último año, cerca de 38 billones corresponden a iniciativas de sectores distintos a la infraestructura de transporte, lo que refleja una diversificación de la inversión pública que ahora deberá ser financiada con recursos del presupuesto de la Espriella.
“Aunque no fue la administración que aprobó más recursos dentro de su propio presupuesto, sí fue la que más compromiso le dejó al siguiente gobierno”.
Andrés Gallego, analista de Sectores y Sostenibilidad de Corficolombiana
La presión fiscal que genera este saldo récord de vigencias futuras reduce el espacio para que la nueva administración fije sus propias prioridades de inversión pública. El Confis, el Consejo Superior de Política Fiscal, tiene la facultad de modificar o revocar autorizaciones por razones de coherencia macroeconómica, pero una vez que los compromisos están perfeccionados adquieren protección jurídica, lo que limita el margen de maniobra. El estudio de Corficolombiana deja abierta una discusión clave: “Queda abierta la discusión sobre si esta última ola de autorizaciones contó con evaluaciones suficientemente rigurosas de costo-beneficio, madurez y rentabilidad económica y social”. Con 255 billones de pesos comprometidos y un pago anual de 25 billones, el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta desde el arranque una de las herencias fiscales más complejas de la historia del país.
