El ministro de Hacienda, Germán Ávila, rechazó de manera contundente las alertas emitidas por la Contraloría General de la República sobre presuntos excesos en la contratación estatal tras el levantamiento de la Ley de Garantías, y calificó las denuncias como “narrativas poco sostenibles”. En declaraciones a medios de comunicación este 31 de julio de 2026, desde las oficinas del Ministerio en Bogotá, Ávila negó que se hayan presentado giros irregulares por 4 billones de pesos, tal como lo advirtió el ente de control, y aseguró que el Gobierno debe girar obligatoriamente entre 30 y 34 billones de pesos mensuales para atender sus compromisos.
La controversia se originó el 27 de julio, cuando la Contraloría emitió una advertencia oficial al Gobierno nacional y al Ministerio de Hacienda, tras detectar un incremento del 22,5% en la contratación estatal durante las cuatro semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías. En ese periodo se firmaron 14.414 contratos por un monto total de 4,55 billones de pesos, de los cuales más de 11.000 corresponden a contratación directa, lo que encendió las alarmas sobre posibles riesgos fiscales y presiones de caja.
Inspección de la Contraloría y respuesta del ministro
Al día siguiente de la advertencia, el 28 de julio, un equipo de la Contraloría, acompañado por su Policía Judicial (URI/Diari), ingresó a las oficinas del Ministerio de Hacienda para recopilar información sobre los riesgos fiscales detectados. La acción generó malestar en el Ejecutivo, que salió al paso con las declaraciones de Ávila. El ministro insistió en que las cifras presentadas por la Contraloría carecen de seriedad y pidió ponderación en el manejo de estos temas.
“Me toca informarles que no ha sido por 4 billones, es que el Gobierno tiene que girar obligatoriamente 30 billones de pesos mensuales. Que haya giros por cuatro billones, por favor, eso no tiene ninguna seriedad que estemos haciendo afirmaciones de esas”, afirmó el ministro Germán Ávila.
Germán Ávila, ministro de Hacienda
En su intervención, Ávila también se refirió a la emergencia económica que el Gobierno ha implementado en tres fases, la cual recaudó un total de 8 billones de pesos. Recordó que en un primer momento se dijo que el Ejecutivo giraría 1,6 billones de pesos a la unidad de riesgo, pero finalmente el valor total ascendió a los 8 billones. Ante las críticas por el volumen de giros, el ministro fue enfático: “Nadie va a parar, nosotros menos, los giros para atender una emergencia, porque hay un periodista o un futuro funcionario que se le ocurre decir que es mucha plata que hay que girar”.
Las cifras y los riesgos señalados por la Contraloría
Pese al rechazo del ministro, la Contraloría mantiene su advertencia sobre siete factores de riesgo identificados en el incremento de la contratación. Entre ellos destacan la insuficiente planeación financiera de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa como porcentaje del total y la concentración contractual en ciertas entidades. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior figuran entre las entidades bajo mayor observación por parte del ente de control.
La Contraloría advirtió que el país enfrenta presiones de caja, atrasos en reservas presupuestales y mayores necesidades de financiación, por lo que instó al Gobierno a tomar decisiones presupuestales con prudencia y sostenibilidad. De persistir los desequilibrios, advirtió el organismo, se elevarían las necesidades de endeudamiento. Mientras tanto, el ministro Ávila insistió en que las denuncias no tienen sustento y pidió no jugar con “relatos y narrativas” que, a su juicio, carecen de fundamento.
“Yo creo que hay que tener un poquito más de ponderación y no jugar tanto con estos relatos y narrativas que no tienen mayor sustento”, concluyó el ministro de Hacienda.
Germán Ávila, ministro de Hacienda
El debate se da en momentos en que el país enfrenta estrecheces fiscales y un debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos, mientras la Contraloría insiste en la necesidad de controlar el acelerado ritmo de contratación estatal para evitar comprometer la estabilidad fiscal del Estado.
