El abogado Alejandro Carranza, representante legal del presidente Gustavo Petro, respondió de manera contundente al periodista Melquisedec Torres luego de que este divulgara detalles de la investigación que adelanta la Corte Suprema contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta. En una serie de publicaciones en la red social X, Carranza acusó a Torres de distorsionar la denuncia y de ser «el corrupto», en una intensa polémica que expone las tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación. Torres había difundido lo que calificó como una gran primicia, basada en el expediente del alto tribunal, donde se detallan los encuentros privados sostenidos entre Arizabaleta y Carranza entre octubre y noviembre de 2025, así como la presunta solicitud de dinero y un cargo de alto nivel por parte de la exlegisladora, quien habría pedido que Carranza sirviera de puente con el Gobierno.
Según la información revelada por Torres en un hilo en X, los contactos entre el abogado y la exrepresentante ocurrieron en tres reuniones documentadas, realizadas en un restaurante de Chapinero, la residencia de Arizabaleta en la vía Bogotá-La Calera y el restaurante Buffalo Wings, todos en Bogotá. El expediente incluye conversaciones entre ambos, y Torres cuestionó la demora de siete meses entre los primeros contactos y la presentación de la denuncia penal, la cual se formalizó después del 10 de junio de 2026, fecha en la que Arizabaleta intentó impulsar un proceso para suspender al presidente Petro. Carranza, al replicar la publicación de Torres, negó la versión y aseguró que la denuncia se hizo únicamente por lo dicho en la última reunión, advirtiendo que informará a la Corte Suprema sobre estas publicaciones.
La defensa de Carranza y las acusaciones cruzadas
En su respuesta, Carranza no solo desmintió la narrativa de Torres, sino que lanzó graves acusaciones contra el periodista. «Ay Melquisedec, la denuncia contra la exrepresentante se hizo ante la Corte Suprema por lo que me dijo en la última reunión; ninguna de sus conspiraciones y fantasías servirán para desviar la atención», escribió Carranza. El abogado insistió en que su actuación fue ajustada a derecho y que puso la información en conocimiento de la Corte cuando tuvo los elementos suficientes, negando haber participado en negociaciones irregulares. «No le veo la primacía a algo que denuncié, que entregué a la Corte Suprema y que hoy informo advirtiendo a tiempo la campaña que realizarían filtrando y difamando, como usted lo pretende», agregó, en alusión directa a la publicación de Torres.
«Grave que ahora se ataque al denunciante y a la víctima, eso tiene un costo procesal alto, y quien le filtra lo sabe. Informaré a la Corte su participación en el ataque al denunciante porque lo que usted hace no es periodismo»
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro
La confrontación escaló cuando Carranza equiparó la labor de Torres con una operación de desprestigio personal y profesional. «Lo que usted hace es reescribir mi denuncia para cambiar la narrativa, pero aquí se equivoca; entre usted y yo sabemos que el corrupto es usted. ¿Cuánto cobró por este trino?», sentenció el abogado, en un tono que ha generado reacciones divididas en el ámbito político y judicial. Torres, por su parte, ha defendido su trabajo periodístico y la legitimidad de la información divulgada, basada en el expediente de la Corte Suprema que investiga a Arizabaleta.
El trasfondo de la investigación y las implicaciones
Gloria Arizabaleta, quien integró la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y tenía a su cargo procesos sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, ha rechazado las acusaciones en su contra, afirmando que todas sus decisiones fueron basadas en criterios jurídicos e independientes. La investigación, que fue revelada previamente por el medio Semana, ha puesto en el centro del debate las relaciones entre la rama judicial, el Congreso y el Ejecutivo. El caso, que involucra a una exrepresentante con poder de decisión sobre los procesos contra el presidente, expone las complejas dinámicas de poder en Colombia, donde las filtraciones y las denuncias mutuas se han convertido en un arma de confrontación política. La Corte Suprema, que lleva el caso, deberá ahora evaluar las implicaciones de este cruce de versiones y determinar si existen elementos para sancionar a alguna de las partes.
