El ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino, abogado penalista y docente universitario, propuso endurecer las penas para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves como homicidio, secuestro, delitos sexuales o extorsión, juzgándolos bajo el Código Penal de adultos. La iniciativa, anunciada el martes 7 de julio tras el homicidio de María Camila Potosí y su bebé en Cali, reabre el debate nacional sobre el sistema penal juvenil y busca superar los vacíos del ordenamiento jurídico que, según Cancino, ya reconoce a los 16 años capacidad para tomar decisiones trascendentales como obtener la licencia de conducción o definir su identidad de género.
El funcionario, quien ha mantenido esta postura durante más de quince años desde el Acto Legislativo 01 de 2020 y la Ley 2098 de 2021, impulsa un paquete de 15 reformas enfocadas en modernizar el sistema penal colombiano. La propuesta, que requiere concertación con el Congreso, la Procuraduría y el ICBF, plantea que los adolescentes mayores de 16 años sean responsables penalmente como adultos, sin renunciar a mecanismos complementarios de prevención y atención integral por parte del Estado. Cancino advirtió que el derecho penal no debe ser la única herramienta y que se necesita un enfoque estructural para evitar que los jóvenes lleguen a delinquir.
Las 15 reformas al sistema penal
Entre las medidas que componen el paquete de modernización se destaca la eliminación de la audiencia de formulación de imputación, una propuesta que ya recibió el respaldo de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. “Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito es ver cómo agilizamos el procedimiento y ese es un propósito que estaremos para apoyar”, señaló Camargo en declaraciones a la prensa. Además, Cancino plantea una reingeniería judicial en la que un juez controle el proceso hasta la audiencia preparatoria y otro asuma el juicio y el fallo; reducir la intervención del Ministerio Público; crear un órgano para investigar y acusar a los administradores de justicia; y establecer un programa de capacitación permanente para fiscales y policía judicial.
“Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito es ver cómo agilizamos el procedimiento y ese es un propósito que estaremos para apoyar”
Luz Adriana Camargo, fiscal general
Otras reformas incluyen que la solicitud de absolución de la Fiscalía implique la absolución inmediata del juez; la exigencia de garantizar el 50% de la pretensión fiscal para acceder a medidas no privativas de libertad en delitos económicos; la revisión del Código Penal para excluir conductas que no deberían ser penales; el fortalecimiento de los preacuerdos judiciales; la ampliación de las Casas de Justicia; y una ofensiva contra el lavado de activos. Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio mantendrá una veeduría y seguimiento crítico, promoviendo el diálogo con las altas cortes, mientras que se prevén cambios en las comisiones asesoras de política criminal y un refuerzo institucional de la Defensoría del Pueblo. El debate, que promete ser intenso en el Congreso, tendrá como trasfondo la conmoción nacional por el crimen de María Camila Potosí y su bebé, un caso que evidenció los límites del sistema actual frente a la delincuencia juvenil.
