El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó a su equipo de empalme iniciar el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), una decisión que ha generado un fuerte rechazo por parte del Ministerio de Agricultura saliente, que advierte que se trata de un retroceso en la protección del suelo rural y la seguridad alimentaria del país. El anuncio, hecho durante el período de transición a través de la oficina de prensa del mandatario electo, sostiene que el procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica, mientras que desde la cartera que lidera la ministra en funciones se califica la medida como una afectación a derechos fundamentales del campesinado y un desconocimiento de principios jurídicos de larga data.
Las Appa son una figura creada durante el gobierno de Gustavo Petro para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos, y en los últimos cuatro años se declararon cerca de un millón de hectáreas distribuidas en 55 municipios del país. Cada declaratoria se sustenta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), con metodologías objetivas y procedimientos que, según el ministerio saliente, garantizan publicidad, participación ciudadana y transparencia. Sin embargo, el gobierno entrante considera que estas áreas restringen injustificadamente el uso productivo de la tierra, afectan la generación de empleo, la confianza de productores e inversionistas y, en última instancia, la oferta de alimentos, por lo que su eliminación permitiría fortalecer la economía del campo. Datos del IGAC y el IDEAM indican que más de 20 millones de hectáreas en Colombia presentan procesos severos de deterioro del suelo, y que el 60% de los municipios tienen suelos agrícolas afectados, lo que para el ministerio saliente hace aún más necesaria la vigencia de las Appa.
Las posturas del gobierno entrante y el saliente
La oficina de prensa del presidente electo Abelardo de la Espriella afirmó en un comunicado que «el próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales. El procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica». La instrucción del mandatario electo, canalizada a través del ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, busca eliminar lo que consideran restricciones que afectan el uso productivo de la tierra, en un momento en que se requiere aumentar la producción de alimentos y mejorar la competitividad del sector agropecuario.
«La eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos»
Ministerio de Agricultura, gobierno de Gustavo Petro
El Ministerio de Agricultura saliente, por su parte, ha sido contundente en su rechazo. En un comunicado oficial, advirtió que la derogatoria de las Appa debilitaría instrumentos fundamentales para prevenir la degradación de los suelos y aumentaría la presión sobre áreas productivas. La cartera recordó que «la protección del suelo rural agropecuario no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas», haciendo referencia al Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 388 de 1997, que establecen la obligación del Estado de conservar la integridad y capacidad productiva de los suelos. Además, el ministerio saliente negó que las Appa sean mecanismos de expropiación o imposición de cultivos, como han sugerido algunos sectores del gobierno entrante, y reiteró que su creación responde a estudios técnicos objetivos y participativos.
El debate sobre las Appa se da en un contexto de transición de gobierno, donde la seguridad alimentaria y el uso del suelo rural son temas centrales. Mientras el gobierno entrante insiste en que la derogatoria busca eliminar restricciones que afectan la producción, la inversión y el desarrollo rural, el ministerio saliente defiende la figura como una herramienta clave para garantizar la producción de alimentos en un país donde la degradación del suelo afecta a más de 20 millones de hectáreas. El proceso, que según el presidente electo se adelantará con rigor técnico y seguridad jurídica, promete ser uno de los primeros debates álgidos en la agenda agropecuaria del nuevo gobierno.
