Familiares de al menos veinte colombianos detenidos en Venezuela han denunciado la falta de acciones concretas por parte del Gobierno de Gustavo Petro para lograr su liberación, expresando que se sienten “solos” ante la ausencia de presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro. Las detenciones ocurrieron tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor, y desde entonces los detenidos, como el comerciante Carlos Alberto Cañas de 54 años, permanecen en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas, sin cargos formales ni proceso judicial. Según los familiares, el Gobierno colombiano no ejerció la presión necesaria y el embajador saliente Milton Rengifo dejó de responder a sus solicitudes, mientras que la Cancillería envió notas diplomáticas sin obtener respuesta de Venezuela.
Lorena Espitia, hermana de Arlei Espitia, un campesino boyacense detenido en 2024, describió las condiciones en la prisión como “totalmente inhumanas”, con alimentación precaria, camas de cemento y falta de agua potable. Los detenidos pueden comunicarse con sus familias cada quince días mediante llamadas de WhatsApp que duran entre uno y cinco minutos. Carlos Alberto Cañas, en un audio enviado a su familia, solicitó solidaridad del Gobierno colombiano saliente y entrante, así como de la Iglesia y de Estados Unidos, afirmando que está detenido ilegalmente sin cargos ni derecho a defensa.
“Nosotros realmente no sabemos cómo tomar lo que queda del Gobierno, porque ya estamos perdiendo la esperanza. Nos habían dicho que los iban a liberar antes del 7 de agosto, pero Mauricio Jaramillo, el viceministro de Relaciones Exteriores, no nos dio ilusiones y nos dijo que Venezuela no está respondiendo. Y el embajador no nos volvió a responder.”
Jorge Cañas, hermano del detenido Carlos Alberto Cañas
“Yo no sé, hermano, si ustedes pueden hablar allá con el Gobierno, si de pronto pueden pasar esto por los noticieros, porque estoy detenido de una manera ilegal en Venezuela, sin cargos, sin derecho a un abogado y una defensa. Así estamos todos los colombianos de acá y pedimos la solidaridad del Gobierno colombiano saliente y entrante, de la Iglesia católica y las congregaciones cristianas. Le pedimos a Estados Unidos si nos puede ayudar.”
Carlos Alberto Cañas, detenido en la cárcel El Rodeo I
La canciller saliente, Rosa Villavicencio, afirmó en una sesión del 5 de agosto de 2025 que se habían realizado gestiones como notas verbales de reclamo y conversaciones con el canciller venezolano Yván Gil, pero sin fructificar. Sin embargo, el embajador Milton Rengifo, en una comunicación del 28 de mayo de 2026, declaró que la Misión Diplomática “no posee conocimiento ni registro de casos de detenciones arbitrarias de connacionales colombianos en Venezuela”, contradiciendo las denuncias de los familiares. Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló en octubre de 2025 que hay elementos para sostener que hay violaciones al debido proceso y que podrían configurarse detenciones arbitrarias.
Según un listado de los familiares, al menos veinte colombianos están detenidos, aunque la Cancillería reconoce solo doce, aduciendo que los demás tienen doble nacionalidad. De un total de treinta y ocho connacionales inicialmente documentados en un patrón de detenciones arbitrarias, diecisiete han sido liberados, según el canciller encargado José Miguel Sánchez en septiembre de 2024. La falta de un empalme efectivo con el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto de 2026, genera incertidumbre entre las familias, que no han logrado contactar al equipo entrante.
El régimen de Nicolás Maduro cayó el 3 de enero de 2026, pero la situación de los colombianos detenidos no se resolvió, a diferencia de otros países como España, que logró liberar a seis de sus ciudadanos mediante comitivas. Los familiares denuncian un trato diferencial y acusaciones falsas, como el caso de Arlei Espitia, presentado por Diosdado Cabello como “terrorista” y “jefe paramilitar” sin pruebas. La asistencia consular brindada por la Cancillería incluyó apoyo jurídico y en salud, pero no pudo garantizar la libertad, y la embajada se basó en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para sus gestiones.
A cinco días de la salida del presidente Petro, las familias expresan desesperanza y solicitaron que se visibilice su caso a través de los medios. Infobae Colombia intentó obtener declaraciones del embajador Milton Rengifo, quien no respondió a las preguntas enviadas. Jorge Cañas resumió el sentir de los familiares: “No habíamos querido presionar, esperando si se cumplía o no”, pero ahora se enfrentan a la posibilidad de que los detenidos permanezcan en prisión sin una estrategia clara por parte del nuevo gobierno.
